“La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. (Art. 103.1 Constitución Española).
Uno de los avances conseguidos tras la transición democrática fue el cambio operado en la administración. Del intervencionismo mínimo y de deficiente calidad se pasó al aumento continuo de la actividad, la omnipresencia de todo lo público, la mejora en la prestación de los servicios y la innumerable oferta de actuaciones en cualquier ámbito de la sociedad; de las mínimas y obsoletas infraestructuras se pasó a las grandes inversiones, en algunos casos faraónicas acordes a la magnitud ególatra de políticos en estado de competición permanente por ver quién la tenía más grande, la obra. De las pocas subvenciones para el fomento de la actividad privada, los boletines oficiales se llenaron de continuas y variadas convocatorias para el reparto de cifras millonarias. De la caridad de la Iglesia, al establecimiento de un sistema de servicios sociales que dignificaban las ayudas a los más desfavorecidos; el “vuelva usted mañana” fatídico se enterró para considerar al ciudadano como sujeto de derechos mucho antes que de obligaciones, el funcionario de “manguito” y gesto iracundo que tanto Forges caricaturizó cedió paso al amable servidor público y hasta la tecnología avanzó hacia la denominada administración electrónica, abierta 24 horas los 365 días del año. Los procedimientos administrativos, si implicaban lentitud, se aligeraban aunque fuese a costa de una laxitud en su control. De interés público eran palabras mágicas, lo son aún, pero la vida en la administración ha cambiado mucho estos últimos años y, paralizado ante el espectáculo y la decepcionante situación política actual, buceo hoy en otras aguas buscando respuestas sin tener claras las preguntas.
"Haced lo que debáis aún cuando debáis lo que hagáis”, dijo Calvo Sotelo a un grupo de alcaldes y esto parece que pensaron buena parte de los políticos de los últimos treinta años. Servir al interés general no sólo era la finalidad de la administración, llegó a ser obsesión por conseguir el Guinness de las inauguraciones y, de fondo, la excusa para la voracidad en la compra de votos. Los programas electorales eran una competición de quién da más por menos. Todo ello en un entorno de bonanza económica y alegría en el gasto, público y privado. Presenciar un debate de presupuestos era ser testigo de las críticas de la oposición ante la necesidad de aumentar partidas de gastos y rebajar las de ingresos tributarios, más derechos y menos deberes. En aquellos aún recientes años era políticamente incorrecto denegar un nuevo servicio con argumentos económicos, se construían grandes instalaciones públicas y se miraba mal a quien osaba advertir del coste que iba a suponer su explotación y mantenimiento. De interés público, de interés público, de interés…
Crisis y justicia. En 1997 los estados miembros de la Unión Europea aprueban el Pacto de la Estabilidad y de Crecimiento cuyo objetivo era que tras la entrada del euro se evitasen políticas presupuestarias indisciplinadas que produjesen una deuda pública de los estados miembros que pusieran en riesgo la estabilidad económica de Europa. Pero España no se quiso enterar, como tampoco quiso ver la sombra de la crisis hasta que la cruda realidad se impuso ya con nula capacidad de reacción. Prima de riesgo, déficit público, limitaciones del gasto, cumplimiento de estabilidad presupuestaria, rescate, artículo 135 de nuestra Constitución, reforma laboral, EREs en las administraciones, rebajas salariales a los funcionarios, reducción de presupuestos públicos, limitación de medios, desmantelamiento de servicios públicos. Sostenibilidad financiera.
Hasta la década actual, el principio jurídico de “intervención mínima del derecho penal” operaba con firmeza para excluir de esta vía judicial aquellos casos que, aun cuando formalmente pudieran quedar comprendidos en la descripción legal de un delito, fuesen acciones irrelevantes desde el punto de vista del resultado y, para el caso de las irregularidades administrativas, se consideraba que salvo los groseros hechos delictivos, el resto se debía sustanciar en sede contenciosa-administrativa. Por otra parte, el pacto político, nunca escrito, de no agresión judicial, evitaba querellas penales al contrincante por lo que pudiera pasar. Se desconoce el origen de la chispa que encendió el fuego cruzado a lo largo y ancho de nuestra península, pero hace diez años imaginar a una Infanta en el banquillo era impensable. El morbo, la envidia, la culpabilización a los políticos por la situación de crisis, olvidando que todos contribuimos, la barra libre sin recato de algunos y la sobre exposición de los privilegios de otros, contribuyeron a esa sed de venganza y a la necesidad de visualizar gobernantes entre rejas. El derecho penal ejemplarizante, en lugar del derecho penal justo, está llevando a criminalizar conductas que antes quedaban fuera del derecho penal y a agravar las penas, en algunos casos desbordadas respecto a otros delitos objetivamente más graves, lo que unido a la discriminación positiva del trato a los más poderosos lleva a una grave y peligrosa desconfianza en el sistema político y democrático.
Parálisis. Esperar la resolución de un expediente administrativo se presenta ahora como una odisea necesitada de litros y litros y litros de tila. Administraciones locales y autonómicas intervenidas por el Estado, sometidas a controles férreos, dedicadas parte de su tiempo a transmitir informes trimestrales sobre la deuda, los pagos, los ingresos. Con falta de medios por los obligados recortes, con sueldos muy por debajo de lo que se pagan en las empresas privadas y con la presencia amenazante de posibles querellas, de imputaciones y políticos ante el juez apuntando a los técnicos que informan. Es lógico pensar que hoy un gobernante antes de firmar quiera un informe jurídico y es normal pensar que el técnico, para firmarlo, requiera otro informe previo y el autor de este, se niegue a darlo si no cuenta también con otro en el cual basarse… Así hasta que alguien lanza la palabra maldita, que es prevarización, usada estos días con diversos intereses pero ante la cual, en cualquier caso, todos tiran los bolígrafos por la ventana.
Es comprensible que el temor predomine y ante la duda, por leve que sea, nadie se moje; no valen ni presiones políticas, ni titulares en prensa, ni concentraciones en la puerta, ni huelgas, ni riesgo de no revalidar mandato. Ni nada. La única presión actual es la imagen del banquillo y, lo que es peor, la visión de uno en la soledad gris de una celda donde lo hecho por interés público en nada consuela al inquilino y, ante ello, los expedientes se acumulan, los proyectos se paran, poco avanza, el país se detiene en debates estériles donde prima el interés personal o político, también el judicial, por encima del general o público y del todo se ha pasado a la nada en una administración asustada cual conejo inmóvil ante los faros de un camión que se aproxima veloz y amenaza con muerte.
Bomarzo
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