No sé, una vez extrapolado dudo ahora si abdicar. Dice el modisto de Felipe, el VI, que el Príncipe prefiere las camisas hechas a medida y cien por cien de algodón; extraño porque los demás nos decidimos antes por el saco de plástico agujereado para cabeza y brazos modelo Hispanos y ceñido con un cordel de tendedero. El debate, me centro, monarquía o república se ha colado en el proceso evolutivo actual del PSOE, que Rubalcaba ha democratizado dándole voto a la militancia en contra de una Susana Díaz que, al menos, ha logrado destopar la votación por arriba para dificultar presencias y, aún así, mide si acudir porque hacerlo como una más de entre tantos otros no casa con la idea que tiene de sí misma. Podría, por contra, ratificar su prioridad, que “es Andalucía”, en espera de un tren más pausado. ¿Pasará otra vez? Esa es la cuestión. ¿Se subirá ahora? Eso pretende, pero el salto da vértigo porque si te caes puede ser para siempre. Lo cierto es que, al margen, el PP parece asustado ante la posible visita en Moncloa de Díaz a Mariano, el lento, más tras el milimétricamente medido lifting sorpresa en la Casa Real, porque recuerda al capítulo en el que Heidi llega a la cabaña de los Alpes donde le aguarda un huraño hombre mayor y la gente siempre prefirió a la risueña nieta que al abuelito dime tú de barba blanca -Cospedal con moño, ya puestos a repartir papeles, es clavada a Rotenmeyer-. Algunas voces internas, prosigo, aseguran que no son incompatibles la secretaría general y la presidencia de la Junta. Claro que no. Pensamiento insidioso y maledicente donde los haya el contrario; es más, tampoco ambas lo serían con la presidencia de la OTAN, la ONU, el FMI o, incluso, la del Real Betis Balompié, que necesitado está. Insinuar incompatibilidad entre la gestión de esta Andalucía sobrada y la dirección nacional de ese pacífico partido llamado PSOE es de agoreros, de gente triste. En todo caso, tengo la sensación de que todo el país se halla bajo un hipotético cartel que anuncia reformas pero, oculta, subyace la idea de que todo se mueve para que nada cambie. Me extiendo en la idea e igual hasta me explico.
Vista atrás. Mucho se habló sobre la reforma de la administración local el pasado año en base a la idea de que los ayuntamientos eran los culpables del déficit público para, más tarde, presentarnos un texto de la Ley de racionalización y sostenibilidad, descafeinado, con posibles ataques a la autonomía local y con pocas garantías de conseguir los 8.000 millones de euros de ahorro comprometidos con Europa y, opino, único objetivo real de la reforma. Todo ello pese a que en 2013, al igual que en 2012, el único nivel de las administraciones públicas que cerró con superávit fue el de las corporaciones locales y se ha vuelto a repetir que la administración más derrochadora es la central, sobre cuya reforma nadie abre el pico.
Pese a que por el camino de los muchos borradores se enterraron las medidas más duras, el texto final de la Ley mantiene una reducción de las competencias que los ayuntamientos venían ejerciendo. Además, para los menores de 20.000 habitantes, que son el 96,19 por ciento, se establece una intervención de las diputaciones suplantando su capacidad de decisión en servicios públicos y, por si fuera poco, las comunidades autónomas mantienen que existe extralimitación del Estado por cuanto, defienden, son las competentes para delimitar las competencias de las entidades locales. Estas y otras medidas han sido criticadas por gobiernos municipales y autonómicos, hasta los del PP de puertas adentro han mostrado su rechazo; se cuestiona la lesión de la autonomía local que, pese a estar reconocida por la Constitución, parece ceder ante los compromisos europeos de reducción de gastos. Si antes la autonomía local debía garantizarse dotando a los ayuntamientos de suficiencia financiera, con la reforma local se invierten los términos y la estabilidad presupuestaria se garantiza limitando la autonomía municipal y, de confirmarse este extremo, se estaría ante una Ley con aromas anticonstitucionales, parece. Se han interpuesto 9 recursos de constitucionalidad o conflictos de competencia por los Parlamentos de Extremadura, Catalunya, Navarra y Andalucía, los del gobierno asturiano, andaluz, catalán y canario y otro suscrito por 130 diputados del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria, los cuales fueron admitidos a trámite este 27 de mayo por el Tribunal Constitucional. Además, en breve se espera la presentación ante el TC de más de 5.000 conflictos en defensa de la autonomía local, suscritos por ayuntamientos de PSOE, IU, UPyD, CiU, ERC, BNG, Coalición Canaria, Chunta Aragonesista y Nueva Canarias; conflictos basados en que la Ley contiene artículos que lesionan la autonomía local constitucionalmente garantizada. De entre este numeroso grupo de ayuntamientos, Zaragoza y Barcelona han liderado el movimiento y este último ha efectuado consulta al Consejo de Estado, cuyo dictamen, emitido el pasado 22 de mayo, concluye: “Existen fundamentos jurídicos para que el Ayuntamiento de Barcelona y los demás municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con los artículos 26.2 y 116 y la disposición adicional decimosexta de la ley reguladora de las bases de régimen local en su redacción dada por la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales”. Por el contrario, no encuentra fundamentos jurídicos para el planteamiento del conflicto en otros siete artículos consultados. Dos datos a tener en cuenta: uno, el Consejo de Estado ya vapuleó el anteproyecto de la Ley obligando al gobierno de Rajoy a llevar a cabo varias modificaciones y, segundo, el dictamen está firmado por su presidente y siete consejeros, de los cuales una mayoría son del PP o han tenido relaciones más o menos directa con este partido; aún más a destacar es que el presidente del Consejo, José Manuel Romay, fue diputado y senador del PP, Ministro de Sanidad y Consumo con Aznar y tesorero nacional del PP tras la dimisión de Bárcenas. Analistas hay que mantienen que ya puede lesionar la reforma local la autonomía local para que el Consejo de Estado no haya podido dar el ok en su integridad y se haya visto obligado a reconocer fundamentos jurídicos en la pretensión de presentar un conflicto de defensa de la autonomía local contra tres artículos de la Ley. Todo ello hace atisbar una vida no muy larga para esta reforma.
El presente y la rebelión. Varios años puede tardar la resolución de los diversos recursos por el TC; ante esta previsible tardanza, la Junta de Andalucía, con su gobierno PSOE-IU, ha decidido, en palabras de Diego Valderas, “plantar cara a la Ley de la reforma local en defensa del municipalismo, blindando las competencias municipales” y, sin más tardanza, el pasado 20 de mayo aprobó el Decreto-Ley 7/2014, publicado en el BOJA del día 28, cuyo resumen, para entendernos, es: “Aquí, en Andalucía, no ha pasado nada”, de tal modo que empezando por dejar claro que la Junta es la competente para asignar las competencias a los ayuntamientos, pasa a reconocer vigentes las competencias propias municipales establecidas en el Estatuto de Autonomía, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y las leyes sectoriales andaluzas. Además, para tranquilidad de los ayuntamientos andaluces, considera que pueden SEGUIR asumiendo las competencias que venían ejerciendo antes de la ley de la reforma e, incluso, en cuanto a las competencias de servicios sociales, salud, inspección sanitaria y educación permite que sigan siendo prestadas por las corporaciones locales que ya venían ejecutándolas. La reacción del gobierno central ha tenido como portavoz a Montoro, quien se ha apresurado a decir que convocará a la Comisión Mixta para intentar resolver el, según él, inexistente conflicto de competencia y, aparentando no sentir preocupación, ha considerado innecesario el Decreto-Ley andaluz. Pero al final, tras dos años de comparecencias públicas, de anuncios, de convencernos de la necesidad de reformar la administración local, de borradores y de proyectos de Ley, de aprobaciones, de, en definitiva, movimientos múltiples, todo seguirá como estaba, al menos de momento. Reformarlo todo para que nada cambie y, durante el proceso, todos entretenidos hasta que el tema se hace viejo, lo olvida la colectiva memoria pez y es reemplazado por algo nuevo. La reforma de la administración local no es real e, intuyo, quedará en nada, como tantas otras leyes que llenaron ruedas de prensa para después jamás aplicarse y que la actualidad sustituyó por otros entretenimientos como, ahora, la renovación Real. Prepárense para consumir monarquía hasta en la sopa; reformas en la Casa Real con el objetivo de que, al final, todo continúe igual, nada cambie y, conste, no concluyo si en esto para bien o mal solo que agota eso de ser silencioso y obediente pueblo Hispano.
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