Convencido de que será imposible de hallar a alguien que durante estos días hable de Europa sin reprochar al político de enfrente y ofrezca información clara sin colorantes, confuso al no saber medir la importancia real de estas elecciones, decidido a iniciar el proceso habitual de votar por descarte, decepcionado, mucho, ante el cara a cara de Cañete y Valenciano que me dejó sensación de Dios mío qué miedo me da todo, resuelto a aparcar cuitas locales, algunas realmente buenas, porque toca Europa y, por ello, animado a participar en campaña y hacerlo a mi particular modo, que es único, instintivo, didáctico, imparcial y sin otra pretensión que hacerme notar, buceo.
Del aislamiento a la integración. Verano de 1945. Stalin, Truman y Churchill se reúnen en la conferencia de Potsdam para decidir el reparto de Alemania y la configuración de Europa y debaten sobre lo que llaman la Spanish question, régimen dictatorial y pro nazi de Franco y deciden aislarle para desgastar su dictadura. En 1958 se crea la Comunidad Económica Europea, que en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Diecinueve años después, en julio de 1977, Adolfo Suárez presenta demanda de adhesión para entrar en el Consejo de Europa en noviembre de 1977 y, ocho años después, en noviembre de 1985, Felipe González firma el Tratado de Adhesión y hace efectiva la integración de España desde el 1 de enero de 1986. Nos empezamos, entonces, a sentir europeos más allá del tradicional y, para mí, tedioso festival de eurovisión, todo ello aunque la mayoría desconocía qué de bueno aportaría Europa a nuestras vidas; de entrada, nos sentíamos ciudadanos con más caché, menos Martínez Soria con maletas de madera.
La CEE se creaba con el objetivo económico de constituir un mercado único en la idea de evolucionar hacia una organización política que abordara todos los ámbitos de nuestras vidas: económico, laboral, de regulación de los servicios, de ayuda al desarrollo, de protección del medio ambiente, lo que provocó en 1993 su nueva denominación, la Unión Europea, formada actualmente por 28 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Croacia -el último en incorporarse en 2013-, estando pendientes ocho más, como son Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina. 497 millones de habitantes con 23 lenguas oficiales, todo ello en una superficie de 4,3 millones de Kilómetros cuadrados. Según la web oficial, “la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea, el euro”. Algo que a la hora de la verdad, para el español de a pie, no está nada claro porque el euro lo encareció todo, la UE, entre otras cosas, limitó el volumen de nuestras cosechas agrícolas y Ángela Merkel nos impone severas medidas económicas, muchas veces, interpreto, haciéndonos sentir que España no es país de su devoción. No obstante, en el haber de la UE hay que reconocer las importantes cuantías de fondos europeos y, lo que no se suele conocer, la diversidad de normas que obligan a nuestros gobiernos bajo amenaza de fuertes sanciones.
La organización. El funcionamiento de la UE se desarrolla a través de Tratados entre los Estados miembros, que marcan los objetivos y que se plasman en Reglamentos, aplicables directa y obligatoriamente, Directivas, que cada Estado debe establecer a través de leyes nacionales, Decisiones, dirigidas a un Estado concreto o a una empresa privada europea y de obligado cumplimiento para ellos, Recomendaciones, no vinculantes, y Dictámenes, simplemente emisores de opinión. Y todo ello resulta de la actividad de sus órganos políticos, que son: el Consejo de Europa, formado por todos los Presidentes de Gobiernos o Jefes de Estado, que establece las directrices políticas y adopta decisiones; el Consejo de la UE, constituido por los ministros de todos los gobiernos integrantes y que desarrolla la actuaciones políticas, coordina los estados miembros y aprueba leyes, presupuestos y acuerdos; la Comisión, formada por un comisario de cada Estado, propone las leyes y garantiza su cumplimiento, gestiona el presupuesto y representa a la UE; y, por último, el Parlamento Europeo, cuyos integrantes son elegidos cada cinco años por todos los países miembros, correspondiendo a cada Estado un número de parlamentarios en función del número de habitantes por medio del principio de “proporcionalidad degresiva”, que es aquella que otorga a los países con mayor población más escaños que a los países menos poblados; con las novedades impuestas por el Tratado de Lisboa de 2007 mediante el cual y a partir de estas elecciones ningún país puede tener menos de 6 diputados ni más de 96 y se reduce el Parlamento pasando de 766 eurodiputados a 751 -750 más el presidente-, por lo que Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal y Rumanía perderán un eurodiputado cada uno y Alemania reducirá tres, pasando a 96, manteniéndose como el Estado con más representantes, mientras que España sigue con el mismo número: 54. Todos ellos nos representan y de ellos depende la aprobación de las leyes europeas, el control de las otras instituciones de la UE, en especial a la Comisión, para garantizar su funcionamiento democrático, la aprobación del presupuesto -para 2014, 135.500 millones de euros- y el control de su ejecución. Esta labor se desarrolla en sus tres sedes: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo y se financia con los aranceles aduaneros por las importaciones de países externos, los impuestos que cobra a los productores de azúcar e isoglucosa, el IVA y el recurso RNB, llamado recurso complementario, que aporta cada Estado para garantizar que el presupuesto de la UE siempre cierre con equilibrio. Actualmente esta aportación es del 1,27 por ciento de la renta nacional bruta.
¿Qué ganamos? España ha venido aportando económicamente desde que entró menos de lo que recibía, de hecho hemos puesto 140.200 millones de euros y hemos recibido 228.200 millones. Con los llamados fondos estructurales, unos 140 mil millones, hemos financiado el 50 por ciento de las grandes obras públicas, tipo AVE Madrid-Sevilla, la T-4 de Barajas, polideportivos, autovías…; los fondos de la política agrícola común han dado al campo español 100.000 millones de euros, al margen de las ayudas directas en I+D que no han pasado por las arcas de las administraciones. Tan sólo en 2009 el saldo a favor fue de 2.091,99 millones de euros, situación que ha variado a partir de 2011 al aportar España a la UE casi lo mismo que recibió y encaminándonos a poner más de lo que recibamos, lo que llaman contribuyente neto, y es que la entrada de los últimos países aumenta el número de trozos de tarta a repartir y más aún cuando están más necesitados que nosotros, que los hay. En 2014 obtendremos un 89 por ciento menos de ayudas, se acaban los fondos de cohesión, recibiremos 13.231,4 millones y aportaremos 13.083,2 millones, un 9,9 por ciento más que el año pasado, situación que se repetirá en el periodo 2014-2020 si los dirigentes europeos no lo remedian. Esto es una de las cosas que podría variar según el resultado de las próximas elecciones. Pero no todo es dinero en la vida, la pertenencia a la UE permite que nuestras empresas actúen libremente en todos los países miembros, garantizándose la igualdad de trato, libre comercio y libre circulación, los ciudadanos podemos movernos sin problemas; además, las leyes europeas -970 en la legislatura que termina- nos afectan directamente a través de normas sobre la lucha contra el cambio climático, sobre la protección de los recursos naturales, sobre la inmigración ilegal, la reducción del precio de las llamadas de telefonía móvil, límites a las comisiones de los bancos, protección del consumidor frente a préstamos hipotecarios abusivos y opción de pactar en el contrato la dación en pago, la norma Euro4 para que las motos cada vez sean más limpias y sostenibles en pro del medio ambiente, el derecho de los pasajeros aéreos a recibir compensaciones por retrasos o cancelaciones en los vuelos, la protección de datos personales, normas anti tabaco, la transparencia en los ensayos clínicos, el espionaje de la vida privada de los ciudadanos, la reducción del uso de bolsas de plástico, el etiquetado claro y detallado de los productos… Estas y muchas más normas, que han sido el origen del 70 por ciento de las últimas leyes españolas, son el resultado del trabajo del Parlamento Europeo. Por delante tenemos la novedosa elección del Presidente de la Comisión europea, que por primera vez va a ser designado por el Parlamento, según los resultados de las elecciones, y temas pendientes como los fondos a repartir con el presupuesto de 960.000 millones para el ciclo 2014-2020, la aprobación de la Tasa Tobin sobre Transacciones Financieras, futuro impuesto comunitario sobre el comercio financiero que será una nueva fuente de financiación -60.000 millones anuales- con destino a gastos sociales, un acuerdo comercial y de inversión con EEUU, objetivos energéticos y climáticos para 2030, medidas de igualdad y género para las mujeres en puestos directivos, normas sobre la maternidad y paternidad, sobre seguridad relativa a alimentos procedentes de animales clonados y controles alimentarios y lucha contra enfermedades animales, medidas para aumentar la seguridad de la privacidad y libertades públicas a través de internet y redes sociales, entre muchas otras. Normas que dependerán de la conformación ideológica que resulte de las próximas elecciones para que sean de un modo u otro.
La mayor parte de las instituciones públicas más cercanas a nuestras vidas hoy no hacen otra cosa que aplicar normativas europeas y eso irá, no lo duden, a más, esa es la importancia de todo esto. Europa decide sobre el olivo, sobre la captura de la caballa, sobre nuestro IVA, sobre casi toda nuestra vida. Por eso parece importante el asunto en cuestión. No niego que es difícil mostrarse interesado y que por ello la abstención será de vértigo, seguramente no es para menos, seguramente razones sobradas hay, pero nadie más que el ciudadano sufrirá las consecuencias. Es desalentador ver debates, analizar el texto de fondo, apreciar que para muchos esto no es más que estiramientos de musculación para ejercitarse cara a otros comicios que, personalmente, les afectan más cuando, seguramente, estamos ante unas elecciones fundamentales para el futuro. Y me pregunto: ¿Realmente importa, según programas y partiendo de la idea de que los cumplan, que esa es otra, elegir una papeleta u otra? No seré yo quien dé consejos de eso, pero lo miro y, metido en campaña por Europa a mi modo, desde Cádiz, al sur de Andalucía, al sur de España, al sur de Europa, lo traeré a este mi jardín en breve sin otra pretensión que sentirme notorio y participativo ciudadano europeo.
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