La sentencia. Todos llevamos un médico y un juez dentro, tal vez sea por lo antiguo y necesario de ambos oficios, y por ello nos encanta diagnosticar curas cuando quien tenemos al lado padece algún malestar e, igualmente, no nos resistimos a condenar o absolver a aquellos sobre quienes está en entredicho algún comportamiento. La sentencia sobre Pedro Pacheco, como la del resto de casos que transcienden a la opinión pública y que son hoy tema principal de tertulias, ha sido comentada por todos como si fuéramos expertos en leyes y el resultado de estos análisis es tan diverso que, sencillamente, guarda directa relación con las simpatías o antipatías con las que cuenta el condenado y, sobre ella, da la impresión de que el tribunal hubiese dictado varios y distintos textos según qué gusto tenga el comentador. Para aclararme, alejado de pasiones, que como todo mortal también las tengo, acudo a ella, la leo y destaco lo que humildemente considero más interesante: “No obstante, de mutuo acuerdo con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad llevaron a efecto los contratos como mera apariencia a fin de obtener estos dos acusados, con plena aquiescencia del primero, sueldos a cargo del dinero público, dicho de otro modo, quisieron con la forma de actuar conseguir que al no ser nombrados personal eventual de confianza se mantuvieran en tales cargos; eran necesariamente conocedores de la normativa que les vinculaba, sabían lo que hacían y quisieron hacerlo, obrando con plena conciencia de la Ilegalidad y lo arbitrario de los distintos actos de contratación en que cada uno de ellos intervino. Pero, además, su contenido forma parte de la cultura cívica del ciudadano medio, al ser un tópico que el ingreso en el servicio de las administraciones tiene un trámite reglado, que no es graciable, ni se rige por el capricho de quien se halle investido del correspondiente poder de decisión”. “Sobre el bien jurídico protegido debe quedar sentado que el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación”. “Nada consolida más el Estado de Derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de acuerdo a la Ley”. “Por tanto, como vemos, la afirmación de que José López Benítez y Manuel Corbacho Márquez eran personal eventual es una aseveración insostenible, e incluso temeraria, puesto que ni fueron nombrados al amparo de acuerdo de Pleno, único órgano competente en aquella fecha para posibilitar el nombramiento de personal eventual de confianza o asesores políticos, ni sus nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, ni de ninguna otra forma o manera pueden asemejarse a dicho personal eventual de confianza”.
Los asesores. La ley, desgraciadamente, contempla la posibilidad de que los grupos políticos nombren a personas para que ejerzan la función de asesores políticos y la especialidad de estos cargos es que se nombran al principio de cada legislatura por el Pleno del Ayuntamiento, que determina el número -actualmente no hay limitación- y, por añadidura, la retribución económica de los mismos. Se trata de personal que solo tiene como objeto el asesoramiento político, por ello tiene un estatus especial en cuanto a que no se han de someter a ningún tipo de concurso de méritos o pruebas de aptitud -lo que viene a ser una pura y dura contratación a dedo-. Así mismo, no se requiere la realización de ninguna actividad o resultado concreto de su actuación, pues la suya es una mera labor de asesoramiento y cesan cuando lo hacen las personas a las que asesoran. Cheque, por tanto, en blanco legislativo que permite la entrada en las administraciones públicas de contratados políticos elegidos de manera directa, sin prueba de selección alguna, en el número que el equipo de gobierno decida y que, hoy, suena fatal ante una administración repleta de personal cualificado. Si al menos se cumpliera el requisito sobre un asesor externo con estudios en ciencias políticas, sociología, periodismo, demoscopia o telegenia, tal vez tendría sentido siempre de no encontrar estas cualificaciones en el personal interno, pero basta echar un vistazo para darse cuenta de que no es eso, son contratos políticos a dedo para cercanos a lo que, en mayor o menor grado y según épocas, juegan todos los partidos y que, por ello, se censuran lo mínimo entre ellos para no airear el asunto a niveles públicos. Así es.
En el caso concreto de los dos asesores contratados por Pacheco, el gran problema fue que excedían el número fijado por el Pleno: 3 para el PSA, 5 para el PSOE, 1 para el PP y 1 para IU; si el Pleno hubiese decidido un número mayor de asesores, no habría caso. Hay que recordar que en el siguiente gobierno, que fue del PSOE en solitario, el Pleno fijó en 26 el número de asesores políticos y, en el actual, son 5 para el PP y 1 para cada uno del resto de los grupos políticos.
El fallo. No seré yo quien, sin toga puesta, valore lo acertado o desacertado del fallo, pero me cuestiono intrigado qué distintas consideraciones jurídicas pueden llevar a dictar sentencias que, si realizamos un simple ejercicio comparativo de los delitos cometidos y sus fallos, irremediablemente genera dudas, grandes, sobre la dispar aplicación de las leyes. Pedro Pacheco: Por la contratación ilegal de dos asesores con un coste total para las arcas municipales de 206.833€, pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante ocho años. José López Benítez: Por disfrutar de un contrato ilegal de asesor habiendo cobrado 106.987 €, pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante cuatro años y tres meses. Manuel Corbacho: Por disfrutar de un contrato ilegal de asesor político habiendo cobrado un total de 99.846 €, pena de dos años y tres meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante cuatro años. Además, para los tres la suspensión del derecho de sufragio pasivo -derecho a presentarse como candidatos en los procesos electorales- durante el tiempo de la condena y la obligación de indemnizar, entre todos, a las empresas municipales por dichos importes. Dolores Reyes Ramos, alcaldesa de Chipiona entre 2000 y 2004: Por la contratación ilegal de 345 asesores, condenada a siete años de inhabilitación especial para cualquier cargo de naturaleza electiva, sin condena de prisión. Los contratados ilegalmente no fueron acusados. Julián Muñoz: Por delito de blanqueo continuado de dinero por un total de 1.824.028€, cuatro años y seis meses de prisión y multa de 3.648.056 €; por el delito de cohecho pasivo dos años y seis meses de prisión y multa de 245.798,90 €, además de inhabilitación para cargo público durante siete años y medio. Mayte Zaldivar: Por delito de blanqueo continuado de dinero por un total de 1.200.443 € pena de tres años, tres meses y un día de prisión y multa de 2.400.887,88 €. Isabel Pantoja: Por delito de blanqueo por importe de 1.147.148 € dos años de prisión y multa de 1.147.148, 96 €. También para los tres la suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La justicia sobrevuela. El descrédito de la clase política aumenta a pasos acelerados en paralelo al tránsito de una sociedad inmersa en una brutal crisis, con un 21,1% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza, con una tasa de paro del 27,16%, los sueldos de los activos rebajados y, en definitiva, una clase media en vía de extinción. En tiempos de bonanza no parecía importar mucho el enriquecimiento supuestamente ilegal del vecino, ni del político de turno; en tiempos de ruina el alma de juez aflora y, parece, ay de aquél que se ha venido aprovechando de su cargo, lo cual debería estar penado siempre y con idéntico rasero.
El ciudadano sabe que no sólo Pacheco ha contratado ilegalmente a asesores, que las únicas prevaricaciones no son las que hasta ahora se han enjuiciado o están en trámite de juicio, que los verdaderos enriquecimientos ilegales o injustos ni tan siquiera se conocen, aunque se intuyen. Y esto pesa y sobrevuela por encima de muchas cabezas que, desde la lectura de la sentencia del ex alcalde jerezano, han empezado a no dormir tranquilos. Y ello por una simple regla de tres: Si dos asesores por importe de 206.833 € son cuatro años y seis meses de prisión, lo que ha hecho tal o cual político y aún no se ha descubierto o no se ha dictado sentencia serán “x” años de prisión. ¿No? Los ciudadanos apuntan a culpables y piden justicia y la dama de la balanza, con venda o sin ella, parece estar dispuesta a caer con todo su peso ejemplarizante. El PSOE de Jerez se pregunta temeroso cuál será el fallo en el caso de la veintena de asesores de Pilar Sánchez, aunque digan públicamente que difiere sustancialmente. Otros, de cualquier partido, recuerdan con temor aquellas contrataciones ilegales que firmaron u ordenaron, de las que saben pudieran existir pruebas en algún cajón y que con la judicialización de la vida pública cualquiera, enemigo o no, puede sacar a la luz.
Acuerdos o pleitos. En ayuntamientos como el de Jerez, en boca de todos por la convulsión que emana, se asiste a un conflicto permanente a nivel judicial fruto de un legado penoso, del que todos, en mayor o menor grado, son responsables y de lo cual, memoria pez, se olvidan fácilmente. Pero hoy gobierna el PP y, por ello, la dama de la balanza es una María José García Pelayo cuya buena voluntad inicial de poner orden en la plantilla parece haber chocado con la forma de llevarlo a cabo y sindicatos y empleados se quejan de arbitrariedades, fraudes de ley, falta de transparencia, prebendas y castigos, nombramientos a dedo, vendettas y lesiones de derechos fundamentales, todo ello, según se dice, apoyado en informes elaborados “a demanda” para intentar dar cobertura legal a lo que supuestamente son ilegalidades. Informes de asesores, en este caso técnicos, que, según sindicatos, llegan incluso a beneficiar directamente al que los suscribe. El resultado, entre otras cosas, es la pérdida de mucha energía y tiempo en controversias judiciales, dinero público destinado a pagar bufetes externos y riesgo de que los jueces tumben algunos de los acuerdos adoptados y las sentencias demuestren que las decisiones que se adopten deben estar, siempre, sujetas a ley. Y no es fácil, conste, para un ayuntamiento como el de Jerez encontrar soluciones de futuro, todo ello sin tener en cuenta, aunque sabido es, que el sistema de contratación de buena parte del personal ha sido, digamos, bastante irregular. Un poco a dedo. Porque a Pacheco se le ha condenado por enchufar a dos asesores de manera ilícita, pero la verdad es que metió a cientos por una u otra puerta, tanto como que todos los partidos políticos en Jerez y resto de España utilizaron el mismo o parecido método para hacer uso del poder colocando a personal cercano –todos tenemos en la retina el sonoro caso del asesor de alcaldía que graciosamente nombró Pilar Sánchez, decisión que, dicho sea de paso, la hundió en la calle-, y de ahí la enorme masificación en capítulo uno que padece el consistorio. Existen documentos varios en cajones que acreditan actuaciones irregulares y que, tal vez, terminen también en el juzgado; lo cierto es que entre unos y otros, unos más que otros, han llevado al ayuntamiento en materia de personal a una situación límite, insostenible, injusta para el ciudadano y, llegados ahí, la responsabilidad de los gestores actuales está, opino, en ajustarse a lo razonable y a la ley. Sin arbitrariedades, sin partidismos, siendo justos en todos los sentidos porque es lo que se entiende pidió el ciudadano que votó por el cambio.
Pacheco, que estas semanas atrás ha estado llamando a Mario Jiménez sin obtener respuesta –ejem-, recurrirá al Supremo y, posiblemente ante la tardanza –más de dos años-, sea candidato y, puede darse que obtenga el juego electoral suficiente ante la fidelidad de su círculo más cercano y eso le permita seguir en escena –un estudio certifica que el entorno del personal municipal de Jerez representa 20.000 votos, y eso son varios concejales. No sé cuál serían las preferencias mayoritarias de ellos una vez que han probado gobiernos de tres colores, curioso sería conocer ese dato y, también, analizar las razones-. Es la democracia. El PSOE, al menos, cuenta con él y con su suma para Jerez, al tiempo que San Vicente ha extrapolado diferentes encuestas regionales a la provincia de Cádiz y, de ellas, concluye que suben en Algeciras y Jerez, aún sin candidatos definidos, lo suficiente para volver a mandar en Diputación. Por todo ello Jerez es tan importante para todos, este Jerez, quinta ciudad más poblada de Andalucía y primera de Cádiz, que se debate hoy entre pasillos de juzgados, EREs, sentencias y glamour venido a menos, necesitaría urgente pactar paz y que todos remaran a futuro. Tan posible como improbable.
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