Si leyeron mi artículo del pasado día 27 de octubre, ya vaticiné lo que realmente ha ocurrido, y es que el ex presidente Puigdemont abandonaría Cataluña, para pedir asilo político en la capital belga junto con algunos miembros del Govern.
Pero lo que no esperaban los miembros de la banda es que Bruselas les negaría la solicitud, al mismo tiempo que recibían la citación de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo para presentarse a declarar los días 2 y 3 de este mes acusados de rebelión, sedición y malversación.
Naturalmente si se confirma la acusación irá acompañada de penas de prisión, por lo que el muy honorable presidente ha decidido no presentarse en la Audiencia, como tampoco lo harán algunos de los honorables; otros en cambio han vuelto y están declarando ante la Justicia.
El delito de malversación, es decir, invertir ilícitamente los caudales públicos en usos distintos de aquellos a los que están destinados está penado hasta con 3 años de cárcel; el delito de sedición, es decir, el alzamiento contra la autoridad conlleva hasta 15 años de prisión; y el de rebelión, es decir, faltar a la obediencia debida hasta 30 años.
Así pues, no sería de extrañar que le saliese a cada uno de estos tan honorable más de 20 años de privación de libertad, acompañado de la inhabilitación para cargos públicos.
Quiero suponer que ninguno de los honorables está pensando en las próximas elecciones autonómicas del próximo día 21 de diciembre.
Además, quisiera tener una respuesta a la pregunta que todos los españoles nos hacemos: ¿quién está pagando los gastos de viaje, estancias y abogados de estos delincuentes?
¿Estarán cometiendo un nuevo delito?
La investigación que me consta se está llevando a cabo, nos lo aclarará.
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