El alcalde, en su calidad de presidente del Consejo de Gobierno, se vio en la obligación de informar durante la última reunión del Patronato del Real Alcázar sobre la necesidad de hacer un reconocimiento de deuda para afrontar el pago de 170.000 euros no presupuestados y tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifica una sanción de similar cuantía impuesta por la Comisión de Patrimonio. Este organismo de la Junta de Andalucía detectó una serie de obras ilegales realizadas durante el mandato de Monteseirín y siendo Antonio Balón director conservador del monumento y Antonio Rodríguez Galindo su alcaide.
En realidad la Comisión impuso una sanción de 500.000 euros, a razón de 100.000 por cada obra ilegal realizada, cuantía que finalmente fue rebajada a los citados 170.000 y que el Alcázar y el Ayuntamiento recurrieron por todas las vías posibles para no pagar ni que trascendiera el escándalo. Y es que sólo con esta palabra puede calificarse el hecho de que los responsables de la conservación de un monumento con la máxima protección y declarado Patrimonio de la Humanidad actuaran al margen de la legalidad y lo dañaran con sus reformas. Siete años después, Balón y Galindo se van de rositas porque el Patronato del Alcázar decide pagar la multa con dinero público y sin exigirles ningún tipo de responsabilidad patrimonial por su ilegal actuación.
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