En el pasado mes de diciembre se cumplieron diez años del cierre por Altadis de la fábrica de tabacos, la más antigua del mundo, y del despido de su plantilla. El Ayuntamiento, gobernado por PSOE eIU, sospechó que tras el cerrojazo de una factoría con 400 años de historia latía el intento de la multinacional de dar un pelotazo urbanístico con los 40.000 m2 que ocupaban las instalaciones en un espacio privilegiado a orillas del Guadalquivir, casi frente al palacio de San Telmo.
Para evitar la especulación con los terrenos y los edificios y su conversión en hoteles, centros comerciales u oficinas, el Ayuntamiento los calificó como suelo industrial singular: allí sólo podrían instalarse desde empresas tecnológicas a sociedades dedicadas a servicios similares, pero no actividades que derivaran en un trato comercial directo.
Tras el tumbado convenio que Zoido firmó durante su mandato con la tabacalera, ya decaído, y que habría permitido la construcción de tres torres de entre 27 y 30 metros en la margen derecha del río y la destrucción de zonas verdes, ahora Espadas anuncia la firma de un nuevo protocolo de intenciones con Altadis para desbloquear la situación. Habrá que estar atentos al modelo que pretenda autorizar en ese complejo aún industrial, si los centros tecnológicos avanzados que defendía el PSOE hace un decenio, o los comercios y hoteles que pretendía la multinacional para hacer caja.
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