Es un sarcasmo que dirigentes catalanes como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que dieron un golpe de estado institucional el 6 de septiembre para celebrar el referéndum ilegal el 1-O y propiciar la república independiente de Cataluña violentando el orden constitucional y los derechos de las minorías osen calificar de golpe de estado la aplicación por Rajoy del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad y el Estatuto de Autonomía.
Tal como ha dicho el presidente del Gobierno, sería inimaginable que Alemania o Francia permanecieran impasibles si se proclamasen independientes Renania del Norte-Westfalia o Alsacia, respectivamente. Ningún Gobierno de un estado democrático permitiría jamás la secesión unilateral de una parte de su territorio ni una rebelión permanente de sus dirigentes actuando como si ya fueran independientes, cual está haciendo la Generalitat de Cataluña.
Puigdemont no ha dejado otra opción a un excesivamente paciente Rajoy que aplicar por fin y de forma proporcional a la magnitud del desafío el artículo 155 de la Constitución, por el que no suspende el autogobierno de Cataluña, sino a sus sediciosos políticos. Aun así, la generosidad de nuestra Democracia da un plazo de siete días más para que en la garantista tramitación de la medida en el Senado Puigdemont retorne a la legalidad, retractándose o convocando elecciones autonómicas.
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