El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó en su intervención de respuesta a la segunda misiva de Puigdemont a Rajoy que el 6 y 7 de septiembre se produjo (en el Parlament de Cataluña) una flagrante violación de la Constitución (con la aprobación de las leyes de referéndum del 1-0 y de la transitoriedad hacia la República catalana, anuladas por el Tribunal Constitucional).
El Gobierno debió haber aplicado “ipso facto” el artículo 155 de nuestra Carta Magna, destituido a los gobernantes catalanes y tomado el control de la Generalitat, y así nos habríamos ahorrado lo sucedido luego: la cada vez mayor osadía de los separatistas, su toma de las calles, el sitio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, su intento de internacionalizar el conflicto y su burla y desafío permanentes a nuestra Democracia y a España.
No se aplicó el 155, por exceso de prudencia o de generosidad, tomadas por los secesionistas como debilidad, pero tras la segunda carta- llena de sofismas de Puigdemont sólo cabe activarlo cuanto antes (¿por qué no se convocó de inmediato el Consejo de Ministros ayer?). España no puede tolerar ni un minuto más el chantaje permanente de Puidgdemont de proclamar la independencia si el Gobierno actúa para restaurar la legalidad y el orden constitucional. Es hora de acabar de una vez con esa espada de Damocles y de liquidar de raíz el golpe de estado perpetrado en Cataluña.
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