Desde que Cabify, empresa legal de alquiler de vehículos con conductor (VTC) que se reservan a través de una plataforma en Internet, inició su andadura en Sevilla hace nueve meses, sus coches asociados han sufrido más de cuarenta agresiones, que suelen vincularse, presuntamente, a una minoría de exaltados taxistas que la acusan de competencia desleal. A las persecuciones de conductores se han sumado pinchazos, rayaduras de la carrocería, rotura de lunas, vertidos de ácido, lanzamiento de piedras y huevos… Esta escalada de violencia culminó durante la Feria con el incendio intencionado de nueve vehículos en un albergue de Castilblanco.
El pasado fin de semana, la Policía, autorizada por un mandato judicial, registró la sede en el aeropuerto de una asociación de taxistas y, posteriormente, intervino a uno de ellos en el maletero de su taxi un punzón, huevos, una capucha y una jeringuilla, como los que se usan en los ataques a los VTC. Independientemente de las responsabilidades que se pudieran exigir, hay que valorar el hecho de que por fin la Justicia y la Policía se han decidido a actuar en un asunto que coarta la libertad de empresa, perjudica la imagen nacional e internacional de Sevilla y que por la reiteración de agresiones proyectaba una intolerable sensación de impunidad.
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