Coincidimos con la Confederación de Empresarios (CES) en calificar de “lamentable” la imagen que se está proyectando de Sevilla con motivo del conflicto del taxi, y más aún tras las revelaciones de nuestro periódico sobre la instrucción del delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, a la empresa de coches de alquiler con conductor, Cabify, de que debe actuar de manera discreta y lejos de la zona de influencia de los taxistas, para no irritarlos.
Como bien afirma la CES, tanto Cabify como las restantes empresas de alquiler de vehículos son compañías legales, con su licencia, bajo el control de la Administración, que pagan impuestos -se supone que también en nuestra ciudad- y tienen derecho al libre ejercicio de su actividad.
El delegado no tiene potestad alguna para instar a ninguna compañía legal a que actúe con discreción para no molestar a los taxistas, porque ello supone una coerción a la libertad empresarial reconocida en nuestra Constitución (artículo 38) y un alineamiento del gobierno de la ciudad con un sector para el que todo es intrusismo y que exige proteccionismo público a su monopolio de facto en el transporte de viajeros al ser incapaz de competir y de adaptarse a la era de Internet y de la sociedad interconectada. Mientras Espadas publicita la “smart city” (ciudad inteligente), su delegado aún no se ha enterado de que, como en la canción de Bob Dylan, los tiempos están cambiando.
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