El Ayuntamiento ha respondido a la escalada de incidentes en el transporte de viajeros -ataques hasta con ácido a vehículos concertados que han causado daños por valor de 20.000 euros y vertido de excrementos ante la vivienda de uno de los líderes del taxi- anunciando que 20 policías locales combatirán el intrusismo en el sector del taxi y las “conductas irregulares”.
La medida va en línea con la exigencia de la asociación más combativa del taxi al delegado de Seguridad: debía sacar policías de debajo de la tierra, so pena de arrostrar una huelga, para así evitar la supuesta competencia desleal de los vehículos concertados, un servicio legal pero hacia el que se desvía la atención con la tesis del intrusismo y no se aborda la raíz del problema, por todos conocido: el monopolio imperante en el aeropuerto, convertido desde hace años en un coto privado de una minoría de taxistas que impiden de la forma que sea que el resto de sus compañeros recojan clientes en San Pablo.
Este problema se arrastra en la ciudad desde mucho antes de que se inventara la economía colaborativa merced a Internet y surgieran aplicaciones o servicios como el de Cabify. Mientras se destinen más policías a controlar los vehículos concertados de alquiler, con más tranquilidad actuará el monopolio en el pingüe negocio del aeropuerto y el sector del taxi sevillano seguirá al margen de la libre competencia en pleno siglo XXI.
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