Cinco años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara su demolición en sentencia confirmada por el Tribunal Supremo se está procediendo al derribo de la Escuela de Hostelería de Castilleja de Guzmán, construida sobre una zona verde por iniciativa de un consorcio formado por el Ayuntamiento, la Mancomunidad del Aljarafe y la Junta, en un caso similar al de la biblioteca universitaria sobre los jardines del Prado.
En las dos historias han sido los vecinos quienes han defendido la legalidad y librando con sus escasos recursos sendas batallas que llegaron hasta el TSJA y el Supremo frente a unas todopoderosas instituciones públicas, que recurrieron a todo tipo de estratagemas para consolidar la vulneración de la ley, con el demagógico argumento de la creación de puestos de trabajo y/o el mantenimiento de la inversión realizada.
En la construcción de la Escuela de Hostelería sobre una zona verde se gastaron casi 3 millones de euros, a los que habrá que sumar 120.000 de la demolición. Un particular que incumpla la normativa se arriesga a todo tipo de sanciones, a pagar de su bolsillo. Con la biblioteca universitaria y la Escuela de Hostelería se han perdido millones de euros de dinero público, de los que ningún catedrático o político ha respondido. Vulnerar la ley desde las instituciones sale gratis a sus infractores y al final siempre pagan los mismos: los ciudadanos.
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