Nunca como en la condena a un catedrático de la Hispalense por abusos sexuales a dos profesoras y una becaria es más apropiado el adagio de que una Justicia lenta no es justicia, ya que desde que la Universidad (US) puso la denuncia hasta la sentencia han pasado seis años, convertidos en un calvario para unas víctimas obligadas a coexistir en la facultad con su acosador.
¿Pudo haber hecho más la Universidad? El juez cree que sí, pues no en vano la ha condenado como responsable civil subsidiaria a una indemnización de 110.000 euros, y el reconocimiento por el rector de errores cometidos y su petición de perdón denotan que la institución es consciente de que debió haber adoptado medidas más radicales en una situación muy difícil, en que tampoco podía vulnerar el derecho a la presunción de inocencia del catedrático finalmente condenado, que contó con firmas a su favor de otros profesores.
Aunque la US alegue que actuó conforme al procedimiento, ningún rector recibió a las víctimas, las cuales se sintieron abandonadas. Además de la reparación debida a aquéllas, el caso demuestra la necesidad de revisar los procedimientos internos, el protocolo antiabusos y el funcionamiento súper jerarquizado de los departamentos universitarios, donde los directores tienen un poder omnímodo que, mal ejercido y sin contrapesos ni controles, puede derivar en situaciones de abuso.
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