El Colegio de Arquitectos ha organizado unas Jornadas sobre la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) en las que se ha revelado que existen 3.000 expedientes paralizados por falta de permisos y que se está tardando entre un año y un año y medio para la concesión de licencias. Un arquitecto contó su caso a modo de ejemplo: tras solicitar permiso de obra con actividad, le dieron dos meses de plazo para que empezara a tramitarse, y a partir de ese punto la estimación fue de un año y medio para la contestación a su solicitud.
Una ciudad con 80.000 parados no puede permitirse tener 3.000 proyectos de inversores, en mayor o menor grado, paralizados por trámites burocráticos debido a la implantación de una norma durante el mandato de Zoido con muy buenas intenciones pero que no ha dado resultado en la práctica. Con la OROA, que se aprobó el 24 de febrero de 2012 y se publicó en el BOP el 25 de junio de 2013, se optó por fundir en un único procedimiento la tramitación de las autorizaciones urbanística y ambiental, bajo el principio de “celeridad, economía y eficacia” y para permitir que una iniciativa empresarial “no tenga necesariamente que pasar por un camino tortuoso y largo para lograr los preceptivos permisos”.
Al final, en vez de ahorrarse un trámite, se han duplicado; Urbanismo y/o Medio Ambiente no dan abasto y se ha creado un atasco que el nuevo gobierno de Espadas se ve en la necesidad de eliminar cuanto antes. La fórmula de externalizar el servicio de concesión de licencias, siquiera temporalmente, puede ser una solución de emergencia: a grandes males, grandes remedios.
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