La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), dice ahora que con sus polémicas palabras de hace unos días en realidad lo único que estaba era criticando al Gobierno de Susana Díez, “que fríe a impuestos -ha afirmado- a los andaluces”, pero lo que dijo textualmente, y está grabado, fue lo siguiente: “Los madrileños están pagando 3.000 millones de euros para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás”.
Aparte de constituir un desprecio a los andaluces, implícitamente presentados como vagos o menesterosos, el mensaje de la presidenta madrileña acaba coincidiendo con el de los independentistas catalanes, para los cuales no sólo les “robamos” los andaluces, sino todos los españoles.
Tanto una como los otros obvian de forma inconsciente o deliberada que no son los territorios, sino las personas las que pagan los impuestos y que lo hacen en función de su renta y con los mismos criterios para todos, vivan donde vivan, con la única excepción del margen de maniobra permitido a las Haciendas autonómicas.
Si en Madrid y en Cataluña se recauda más dinero no es porque allí se pague más que en el resto, sino porque por razones históricas y políticas (el proteccionismo permitió el auge textil catalán y por su capitalidad Madrid es la sede de la Administración del Estado y de grandes empresas y bancos) hay más nivel de vida y de renta que en otras regiones. La riqueza nacional ha de redistribuirse conforme al artículo 2 de la Constitución, el que habla de solidaridad entre todas las Autonomías, la que las ricas sobrevenidas como Cataluña y Madrid se resisten a ejercer.
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