La consejera de Educación ha dicho ante el Parlamento que a partir de ahora los puestos específicos no se cubrirán de forma discrecional por los delegados provinciales, sino mediante un concurso público, por principios de igualdad, mérito y capacidad y cumpliéndose requisitos evaluables.
Esta instrucción supone, pues, el reconocimiento de la existencia en esta Consejería al menos de lo que en la comisión parlamentaria se calificó como “puertas falsas” de entrada a la Junta. ¿Cómo funcionaban? Se creó la figura del “puesto específico” para servicios especiales mediante convenios con otros organismos, como fue el caso del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla, y altos cargos nombraban a quien querían para ocuparlo.
Diez años se ha tardado en descubrir el truco que ha permitido, por ejemplo, que se diera a dedo una plaza a la hija de un inspector pese a que no era funcionaria, ni siquiera interina, ni tampoco reunía los requisitos para ello. Gracias al tiempo acumulado en el puesto, con el que adornó su currículum, ahora disfruta de una plaza en otro centro docente, en detrimento en ambos casos de otro candidato con más mérito.
Esta falta de publicidad y de concurrencia es la que también propició el caso de los ERE. Cuando estalla uno de estos escándalos, la Junta se limita a reducirlo a una mera irregularidad administrativa y se niega a hablar de corrupción. Sin embargo, la suma de irregularidades, corruptelas, puertas falsas y demás causan a la postre un daño equivalente, proyectan la imagen de un régimen clientelar y provocan un efecto desmoralizador entre los andaluces.
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