El Tribunal Constitucional (TC) tumbó el mes pasado la norma de la Junta de Castilla-La Mancha para restituir la jornada semanal de 35 horas a sus funcionarios desde el 1 de enero del año en curso y que había quedado en suspenso al cabo de poco más de cuatro meses tras la interposición de un recurso por parte del Gobierno central.
El TC sentenció que la normativa de una comunidad autónoma no puede determinar una jornada laboral inferior a la que establece la legislación del Estado, aunque sí puede fijar una equivalente o incluso superior. Hay que recordar que en el marco de las medidas adoptadas por la situación de crisis económica, el Gobierno de la nación implantó hace cuatro años la jornada semanal de 37,5 horas para todos los ámbitos de la Administración. Según el TC, esta disposición sigue vigente para el conjunto del Estado.
Obviamente, la Junta de Andalucía conocía perfectamente desde el pasado 30 de septiembre el fallo del Alto Tribunal, lo cual no ha sido óbice para que dos semanas después aprobara una disposición similar a la del Gobierno de Castilla-La Mancha, por la que instaurará la jornada de 35 horas el año próximo para todos sus empleados excepto el profesorado y el colectivo sanitario.
Desde el primer momento, la Junta ha retado al PP (A) y al Ejecutivo de Rajoy a no recurrir ante el TC, demostrando su intento de usar a los funcionarios en su confrontación con Madrid. Resulta paradójico que quienes dentro del PSOE instan a sus correligionarios a cumplir la disciplina de voto del Comité Federal no tengan empacho en desafiar una ley vigente y la doctrina del Constitucional.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es