La juez María Núñez Bolaños ha archivado dentro de la causa de los ERE la pieza abierta por el de la empresa Azucareras Reunidas -recibió de la Junta 1,3 millones de euros- al considerar que no hubo delito porque no se han detectado intrusos y porque aun cuando se usó un procedimiento contrario a Derecho, la ayuda se otorgó a “una empresa en crisis, con una necesidad justificada, y a unos trabajadores que reunían todos y cada uno de los requisitos”. Así pues, según la juez Bolaños, el fin justifica los medios.
La Fiscalía Anticorrupción reveló que en el decenio del caso ERE hubo en Andalucía 9.462 empresas en crisis que presentaron expedientes, los cuales afectaron a 120.829 trabajadores, pero que casi ninguna de esas compañías y casi ninguno de esos empleados pudieron beneficiarse de ninguno de los 741 millones de euros dados a dedo por el Gobierno andaluz a 77 firmas supuestamente en crisis.
Según el fiscal, al no convocarse públicamente esas ayudas, se cercenó el derecho de esos millares de andaluces afectados por expedientes de regulación. Al archivar la pieza de Azucareras, la juez Bolaños abre la puerta al archivo del resto del caso ERE (con la excepción de allí donde hubiera intrusos) y bendice el método de la Junta de repartir el dinero de los parados a dedo y de forma clientelar, con lo cual teóricamente hasta podría repetirse el caso al no apreciarse ilícito penal.
haber ERES de primera, los financiados por la Junta a dedo, y de segunda, los de las empresas con sus trabajadores condenados al paro y sin poder optar a ninguna ayuda pública, ya que no habría nada ilegal en ello.
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