Los Presupuestos andaluces de 2018, los terceros de la legislatura, entraron a media tarde de este martes en el Parlamento regional tras recibir unas horas antes el visto bueno previo del Consejo de Gobierno de la Junta. Será en la Cámara donde en unas semanas el aún proyecto reciba el apoyo definitivo del PSOE y de Cs, que juntos suman los votos necesarios para garantizar la “estabilidad” de la que presume el Ejecutivo de Susana Díaz en tiempos convulsos en otros rincones del país. María Jesús Montero, consejera de Hacienda, cumplió el trámite oficial de presentar unas cuentas públicas que a lo largo del próximo año movilizarán un total de 30.268 millones, un 3,9% más que en 2017. Sumados los gastos financieros (el pago de la deuda contraída con el Fondo de Liquidación Autonómica estatal y el resto de obligaciones de la Junta), el montante global escala hasta los 34.759 millones, un 4,6%.
La Junta parte del escenario optimista que dibuja la superación de la crisis. Esa luz al final del túnel le permite aventurar que la economía regional crecerá a un ritmo del 2,6% con un PIB histórico de 166.000 millones y 80.400 nuevos empleos, de ahí que la previsión de más ingresos le da alas para elevar las partidas de todas sus consejerías. Hay también mano tendida a los empleados públicos, a quienes se reserva un incremento salarial del 1,5% siempre que lo autoricen los Presupuestos Generales.
Fiel a su compromiso con Ciudadanos, el Gobierno de Díaz ha colocado sobre el papel el primer proyecto sin ingresos por aplicación del Impuesto de Sucesiones a las clases medias. Lo que se ingrese será siempre de grandes patrimonios y herencias por encima del millón de euros. Hay también una clara vertiente social, hasta el punto de que sanidad, educación y políticas sociales acaparan prácticamente el 80% de todo el gasto. Crece más que ninguna partida la destinada al Servicio Andaluz de Salud (SAS), que movilizará en 2018 una cifra histórica de 9.013 millones, un 5,4% más que en el ejercicio anterior. La educación sale también reforzada con un 3,8% más (7.527 millones), incluyendo la medida estrella de las bonificaciones de hasta el 99% en las matrículas universitarias.
La dependencia recibirá 1.214 millones para extender así su cobertura a 186.000 beneficiarios y las políticas de servicios sociales se costearán con 2.132 millones, un 7,2 % más.
Las cuentas públicas de 2018 incluyen novedades. Por ejemplo la incorporación de la Renta Mínima de Inserción Social, para la que se reservan hasta 198 millones, o el compromiso de que ningún empleado público de la Junta que trabaje a jornada completa cobre menos de mil euros. El guiño a la plantilla tras duros ajustes durante la crisis está ya lanzado.
Sin Sucesiones
María Jesús Montero ha tenido que cuadrar sus cuentas tachando de ellos lo que las arcas andaluzas recibían antes del Impuesto de Sucesiones. Pese a esfumarse esa partida el Presupuesto augura 1.151 millones más de ingresos no financieros, incluidos 338 por entregas a cuenta del Estado y una mejora de 85,6 millones en la recaudación de otros tributos por la mejora del ciclo económico. Las pensiones asistenciales también mejorarán un 2%, por encima de las estatales.
Además de sanidad y educación hay consejerías con un considerable incremento en sus partidos de gasto. Por ejemplo la Servicios Sociales, con un 7,4% porque tendrá que afrontar nuevas leyes como la de Igualdad. Cultura (5,1%), Agricultura (4,9%) y Justicia (4,6%) lideran la tendencia alcista.
Más inversión “pese al Gobierno” del PP
Las inversiones de la Junta en sus distintas consejerías crecerán un 1,2%, cifra que no es tan elevada como le “habría gustado” a la consejera Montero. En total serán 3.700 millones, un 1,2% del PIB regional, que no pueden ir más allá por el argumento clásico de la Junta: la “infrafinanciación” a la que el Gobierno central de Mariano Rajoy somete a Andalucía con una pérdida de casi mil millones de euros anuales.
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