El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado en su reunión de este martes sancionar a Telefónica con 870.000 euros por cometer "tres infracciones muy graves contra la normativa de consumo". La multa es consecuencia del expediente abierto a mediados de año por la Dirección General de Consumo, que atendió la queja presentada por la asociación Facua contra la estrategia de la multinacional de telecomunicaciones de elevar de forma unilateral su paquete de servicios Movistar Fusión pese a promocionarlo en su día bajo la promesa de que la tarifa era "para siempre". La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid había hecho también lo propio unos meses antes. El portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, ha cifrado en 5,3 millones de euros el "beneficio ilícito" logrado, por lo que esa cantidad sumada a la multa implica una reclamación total de 6,2 millones.
De los 870.000 euros totales, la Junta grava con 300.000 euros a la compañía por publicidad engañosa, con 220.000 por la introducción de cláusulas abusivas en sus contratos y con otros 350.000 por no atender los continuos requerimientos que asegura haberle notificado en los últimos meses para que diera marcha atrás.
El conflicto nace en 2015 a partir de la decisión de Telefónica de incrementar la tarifa a los casi 4 millones de clientes de su servicio Movistar Fusión, uno de los más populares porque combina internet, llamadas y tráfico de datos en dispositivos móviles y televisión. Los consumidores protestaron porque la oferta se comercializó en 2012 bajo el reclamo publicitario de que los precios nunca irían al alza. Meses después de lanzarlo ya lo incrementó en 3 euros, y en otros 5 euros después con el argumento de que a cambio el cliente obtenía más prestaciones, en concreto más gigas de datos.
La subida era una imposición: no había posibilidad de permanecer en la tarifa original renunciando a los gigas adicionales, de ahí la multa aprobada al interpretar la Administración autonómica que se vulneran los derechos de los consumidores y las condiciones contractuales iniciales. La única opción que dio entonces Telefónica fue rescindir los contratos sin penalización alguna por permanencia. Esa solución no satisfizo a Facua, que interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, que la admitió a trámite y emitió un auto en el que invitó a los afectados a sumarse. La denuncia cuenta ya con miles de adheridos. Otro juez de Pamplona llegó en abril a decretar la anulación de la subida de tarifas, aunque la decisión está recurrida.
La sanción de la Junta llega justo cuando Movistar ha anunciado un nuevo movimiento en la misma línea. Afectará a las nuevas versiones del paquete Movistar Fusión con varias líneas asociadas y volverá a incrementar a principios de año el precio en otros 5 euros a cambio, de nuevo, de elevar el listón del tráfico de datos hasta 8 gigas.
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