El juzgado de lo Social número dos de Salamanca ha obligado a Tragsa a readmitir a un trabajador afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al considerar que se trata de un despido improcedente, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.
Se trata de la primera sentencia contra la empresa pública integrada en SEPI que obliga a readmitir a uno de los 555 empleados afectados por el ERE en las condiciones laborales que tenía o a indemnizarle con la cantidad económica estipulada.
Dicho trabajador prestaba servicios como técnico de prevención de Riesgos Laborales y fue despedido en 2014 con la justificación de la reducción de encargos a Tragsa y la fusión de las gerencias de Salamanca y Ávila.
Ahora, el juez ha declarado la improcedencia del despido al entender que la empresa pública no ha respetado la garantía de permanencia, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni ha acreditado que todos los puestos de trabajo del mismo nivel han sido igualmente suprimidos.
CSIF ha señalado que se trata de una de las numerosas causas individuales emprendidas en tribunales de toda España contra el ERE de Tragsa, por lo que ha confiado en que en las próximas fechas haya nuevas sentencias individuales contra un expediente que considera "injustificado".
El sindicato se felicita de esta decisión y espera que la empresa actúe con "buena voluntad" y favorezca una solución a las 555 trabajadores afectados. La semana pasada, CSIF ofreció a la empresa crear una bolsa de trabajo en la que se dé prioridad a los despedidos en futuras contrataciones ante el previsible incremento de actividad de la compañía.
El pasado mes de enero, Tragsa y su filial Tragsatec dieron por finalizada la aplicación del ERE, que afectaba inicialmente a 1.336 trabajadores, al haberse registrado una mejora en la actividad a finales de 2015.
En concreto, el ERE ha afectado a 555 personas, el 5% de la plantilla total, integrada por 10.800 trabajadores, lo cual representa una reducción del 58% sobre los 1.336 despidos autorizados por la sentencia del Tribunal Supremo.
Dicha sentencia acordó, por unanimidad de los 14 magistrados del pleno del Tribunal Supremo, que el expediente era ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.
Según explicó la compañía, la "drástica" caída de producción e ingresos del Grupo Tragsa en más de un 60% a partir de 2009, cuya consecuencia fue un resultado de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014, hizo necesaria en febrero 2013 la puesta en marcha de un Plan de Transformación Global que permitiese superar "la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo".
Una vez finalizado el procedimiento de despido colectivo en Tragsa y Tragsatec, conjuntamente con las medidas implantadas en el Plan de Transformación Global, el Grupo ha subrayado que afrontará su futuro en las mejores condiciones para el cumplimiento de su compromiso de garantía profesional y servicio público.
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