El fragmentado panorama político en España surgido de las urnas el pasado 20 de diciembre no afectará a los proyectos de infraestructuras existentes, pero alimenta la incertidumbre sobre cómo el país abordará sus necesidades de infraestructuras de cara al futuro, teniendo en cuenta su pobre trayectoria en cuanto a la planificación de infraestructuras públicas, según advierte la agencia Standard & Poor's.
"Aunque las elecciones generales de diciembre han confirmado la fragmentación del paisaje político en España, la consecuente deriva política es improbable que dañe al sector en el corto plazo", apunta el analista de S&P Gonzalo Cantabrana Fernández.
La agencia recuerda que el presupuesto para 2016 está aprobado, subraya la solidez de las instituciones para aguantar la ausencia de Gobierno durante un periodo corto de tiempo y expresa su confianza en que este panorama político "no debería interferir" con las perspectivas para las infraestructuras existentes o proyectos de recuperación de tierras baldías, ya que están más relacionados con la situación financiera que política.
Asimismo, S&P destaca que antes de las elecciones generales, el mercado de financiación de infraestructuras "había vuelto a la vida" a medida que las condiciones económicas mejoraban y crecía el apetito de los inversores.
De hecho, aunque tradicionalmente España ha financiado sus proyectos a través de préstamos bancarios, 2015 vio un creciente interés en la refinanciación mediante los mercados de deuda, despertando el interés de fondos de pensiones y fondos de inversión en infraestructuras, lo que contribuye a mantener la tendencia.
Así, un prolongado periodo de incertidumbre política podría poner en peligro la recuperación del sector en los mercados secundarios.
En cualquier caso, S&P considera que el potencial Gobierno resultante de las negociaciones en España sería "más débil de lo que los inversores están acostumbrados" y con una capacidad limitada para introducir nuevas reformas, que requerirían el consenso de diferentes grupos políticos.
De este modo, la agencia opina que no es probable que aumente la provisión de infraestructuras en España mediante alternativas publico-privadas al menos este año independientemente del Gobierno y subraya además que, debido al tiempo requerido para preparar los procesos de adjudicaciones, es improbable que se materialice en 2017 una actividad significativa en nuevos proyectos.
MALA PLANIFICACIÓN.
Por otro lado, S&P pone de manifiesto que los planes de desarrollo de infraestructuras en España están influenciados por los gobiernos y no siempre están guiados por una visión a largo plazo o una estrategia que vaya más allá de los cuatro años de mandato.
Asimismo, la fragmentación de responsabilidades en España a través de los diferentes niveles de la Administración "ha evitado la optimización de las inversiones públicas" o ha dado como resultado en algunas ocasiones la inversión de recursos públicos en proyectos sin uso o inacabados, entre los que cita los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real o la quiebra de las concesionarias de las vías radiales.
"En nuestra opinión hay margen de mejora en el planeamiento de inversiones e infraestructuras en España y es necesario una estrategia concreta", apunta la agencia, que recomienda que dicha estrategia venga respaldada por técnicos más que por políticos y que se beneficiara del consenso de un amplio espectro político y niveles de Gobierno.
"La política podría dañar las perspectivas de nuevos proyectos de infraestructuras, particularmente considerando el débil historial del país en planear infraestructuras públicas", añade Cantabrana Fernández.
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