Industrias Gráficas Gaditanas SL, filial del Grupo Joly (editor de Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería) encargada de imprimir en su rotativa las publicaciones del holding participado por los grupos catalanes Planeta y el textil Mango, aparece entre los 2.895 expedientes correspondientes a 1.159 empresas y entidades exoneradas por la Junta de Andalucía de justificar los cursos de formación que impartía.
Tres consejeros de Trabajo o de Empleo distintos -Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Avila- firmaron otras tantas resoluciones en virtud de las cuales se le aplicó a Industrias Gráficas Gaditanas (Ingrasa), la impresora del Grupo Joly, la excepción de tener que justificar los cursos de formación concedidos por la Junta de Andalucía, para que así pudiera seguir cobrando las subvenciones otorgadas, al igual que el resto de entidades.
Resoluciones
Las resoluciones se han mantenido en secreto hasta este verano, cuando la magnitud alcanzada por el nuevo escándalo y las investigaciones de la jueza Mercedes Alaya sobre los presuntos fraudes forzó al Gobierno andaluz a hacerlas públicas.
El consejero jerezano Antonio Fernández firmó el 17 de diciembre de 2009 una resolución sobre exoneraciones a la hora de justificar la impartición de cursos de formación que incorporaba un anexo de 12 páginas con las entidades, entre ellas Industrias Gráficas Gaditanas -Ingrasa- (página 2).
El segundo consejero en otorgar un trato similar fue Manuel Recio, mediante una resolución de fecha 22 de diciembre de 2010 que tiene un anexo de 9 páginas. En la primera se identifica directamente a Ingrasa como perteneciente al Grupo Joly.
El por entonces consejero de Empleo y presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Antonio Avila, firmó por su parte el 11 de diciembre de 2012 otra resolución acompañada de un anexo de empresas exoneradas de justificar los cursos de formación y que ocupaba 35 páginas. Ingrasa aparece en la segunda de estas páginas.
El expediente de Ingrasa es el 11/2010/J/196, indicador de que la exoneración alcanzaba una actividad desarrollada en 2010, si bien la imprenta del Grupo Joly ha sido adjudicataria de cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía antes y después de esa fecha.
Doble fuente de ingresos
El responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional del Gobierno autónomo prestó declaración voluntaria ante la Guardia Civil en agosto de 2013, según publicó El País el pasado 10 de septiembre.
El alto cargo de la Administración andaluza aseguró que la Junta había adjudicado dinero de la formación de forma “arbitraria” a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido control sobre los fondos.
Además, este alto cargo estableció un vínculo entre el escándalo de los ERE irregulares y los cursos de formación al sostener que la adjudicación de estos últimos iba indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas y encaminada al “enriquecimiento ilícito de determinadas personas”.
Según este funcionario, a los trabajadores despedidos se les impartían luego cursos de formación, como ocurrió en diferentes empresas como Mercasevilla, Santana, Delphi y Astilleros. “Es un hecho -podía leerse en El País- que grandes empresas han recibido dinero tanto del fondo de los ERE como de los cursos de formación, pero las firmas beneficiadas por esta última partida superan con creces a las de los expedientes”.
Ingrasa fue una de las filiales del Grupo Joly incluida en el ERE que por una cantidad inicial de 7.597.247,65 euros pactó el editor del grupo con el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, dinero que salió de la partida 31L, más conocida como el fondo de reptiles (Véase la edición de Viva del 23 de octubre de 2013).
Entra en el circuito
El Grupo Joly no sólo fue uno de los beneficiarios de los ERE, sino que también entró en el circuito de los cursos de formación a través de su filial de impresión, Ingrasa, y de sus instalaciones para la rotativa, ubicadas en un polígono industrial de Puerto Real (Cádiz).
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía va dejando alguna pista de la nueva fuente de ingresos del Grupo Joly a través de la formación subvencionada por el Gobierno andaluz, además de por la vía de la generosa publicidad institucional y de los convenios firmados con distintas Consejerías.
Así, por una resolución de la Consejería de Empleo de fecha 30 de enero de 2009 se le concede a Ingrasa una subvención de 41.296,40 euros con cargo a la partida 32D, de Formación. El BOJA también refleja otra resolución del 28 de diciembre de 2011 por la que se le da una subvención de 63.840 euros.
Trabajadores de Delphi
La filial del Grupo Joly no sólo obtiene cursos de formación de la Junta de Andalucía sin que públicamente se conozca conforme a qué baremación, requisitos y resultados obtenidos por los cursillistas en inserción laboral se le concedieron a ella y no a otras compañías, sino que también se dedicó a alquilar sus instalaciones a terceros para que impartieran cursos, vía por la que parados de Delphi acabaron pasando por su sede de Puerto Real y recibiendo allí clases que, según el testimonio de alguno de ellos, no les sirvieron en la práctica para nada.
Condena pública, lucro privado
Como en el caso de los ERE, en el que los medios del Grupo Joly condenaban públicamente el escándalo mientras ocultaban que su editor había pactado con Guerrero la percepción de más de 7,5 millones de euros que salieron del ‘fondo de reptiles’, la línea seguida tras saltar el nuevo caso de los fraudes con cursos de formación ha sido la de realizar un despliegue informativo y de artículos de opinión condenatorios mientras se omitía que el propio Grupo participaba de la tarta a través de su filial Ingrasa y que ésta había sido exonerada por la Junta de justificar algunos de los cursos impartidos.
El 14 de septiembre, en el informe ‘Diligencia 6.344’ y publicado por los periódicos del Grupo, se dice: “Observar la lista de exonerados, hecha pública por la propia Junta, es acceder a la inmensa cantidad de organismos, entes públicos, ayuntamientos, sindicatos y asociaciones que encontraban en la formación una fuente de ingresos”.
Sobre que de justificar esa fuente de ingresos había sido exonerada la empresa impresora del Grupo no se decía nada, obviamente.
En un artículo complementario, ‘Un sistema creado para el fraude’, se dice textualmente: “Un sistema discrecional e ideado presuntamente para burlar la ley. Esta es la hipótesis de partida que actualmente se baraja en la investigación judicial de las subvenciones públicas dirigidas a financiar los cursos de formación para los desempleados”.
Y en el editorial del mismo día, ‘Falta de control e ineficiencia’ , los periódicos del Grupo Joly hablan de un nuevo escándalo de corrupción y de tramas clientelares y políticas, para pasar luego a “subrayar las decisiones adoptadas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para asegurar que en adelante dichas ayudas y subvenciones se asignen siguiendo los principios de transparencia y concurrencia competitiva…”.
Sobre la falta de transparencia, de concurrencia competitiva y de verificación de las actas de baremación de los cursos realizados hasta ahora y de los que se ha beneficiado el Grupo a través de Ingrasa, tampoco ni una palabra.
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