El PP y Ciudadanos, en su pacto de investidura, abren la puerta a la reforma de la Constitución de 1978, pero también dejan claro que no aceptarán que se ponga en cuestión el principio de la soberanía nacional, lo que excluye de plano referendos de autodeterminación.
En concreto, los dos partidos "se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia", y para ello se tomará como referencia el informe de 2006 que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero encargó al Consejo de Estado y en el que, entre otras cosas, se abogaba por definir las competencias autonómicas poniendo techo a las transferencias.
ESTUDIO PREVIO DE JURISTAS
Mariano Rajoy y Albert Rivera no llegan a crear una ponencia para la reforma de la Constitución, sino que su compromiso se queda en una fase previa de constituir una mesa de trabajo de juristas y expertos propuestos por partidos para estudiarla. "Se abre la reforma, pero de manera sensata", ha resumido el líder de Ciudadanos.
No obstante, ambas partes dejan clara su defensa de la unidad de España y de hecho se asume la idea de Ciudadanos de impulsar un Pacto por la Unidad de España y la defensa de la Constitución, en el que estén presentes todas las fuerzas constitucionalistas. "Los firmantes mantendrán un compromiso firme en defensa de la soberanía nacional y contra todo intento de convocar un referéndum de secesión de cualquier parte del territorio nacional", subraya el pacto.
En cuanto al Senado, trabajarán por una reducción "sustancial" del número de parlamentarios y por transformarlo en "estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado". Entre sus funciones figurarán la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte, o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.
Y dentro de la reforma electoral que ya acordaron abrir en el marco de su pacto por la regeneración, PP y Ciudadanos plantean tratar asuntos como la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos de voto de los electores del exterior, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.
NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Asimismo, PP y PSOE se comprometen a crear, en el plazo de un mes desde la formación del gobierno, un grupo de trabajo que actuará de forma paralela y coordinada con el existente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para ofrecer propuestas sobre un nuevo modelo de financiación territorial.
El objetivo es una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas(LOFCA) para "corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional".
Eso sí, "el nuevo sistema de financiación autonómica establecerá una cartera de servicios comunes para todos los españoles garantizados por el Estado, que podrán ser ampliados por las Comunidades Autónomas, siguiendo el principio de corresponsabilidad fiscal". Se defenderá y potenciará el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de ciudadanos del territorio nacional.
Asimismo, se reclama una nueva financiación local, de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, avanzando en la delimitación de las competencias que deben corresponder a las Corporaciones Locales y la garantía de una financiación suficiente y estable para dar los servicios que los ciudadanos demandan. Para ello, se fomentará, además, la agrupación voluntaria de servicios prestados por diferentes municipios.
EL PP PROTEGE A LAS DIPUTACIONES
El PP se ha negado a la pretensión de Ciudadanos de suprimir las Diputaciones, pero ambos partidos se comprometen a profundizar en la racionalización de las Administraciones públicas y en la eliminación de duplicidades y organismos innecesarios con el fin de generar ahorros que se destinarán, a medida que se vayan produciendo, a políticas sociales y medidas para la mejora de la competitividad.
Para proteger a las Diputaciones, el PP ha incluido una salvaguarda para garantizar que "ninguna de las actuaciones pondrá en riesgo los servicios públicos que prestan estas administraciones a los ciudadanos y especialmente los que benefician a los 15.000.000 de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes".
En el ámbito de la Administración, lo dos partidos abogan por desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y aprobar una Ley de Función Pública para garantizar los principios de mérito y capacidad, y de entrada establecerán el concurso como norma general para el nombramiento de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, de tal manera que "sólo se podrá proceder a la separación de dichos funcionarios por motivos tasados en la Ley". Paralelamente, se apuesta por homologar las condiciones retributivas de los trabajadores de las distintas comunidades, con opción a establecer una tabla salarial común en todo el territorio nacional.
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