La demanda de unos veinte vecinos de Écija (Sevilla) contra las administraciones públicas por las seis inundaciones sufridas por la ciudad en diciembre de 2010 se encuentra en la Audiencia Nacional.
Según el abogado que lleva la causa, Fernando Osuna, el procedimiento se ha trasladado a esta instancia "tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".
El próximo trámite será el de las declaraciones de los peritos expertos en aguas en las inundaciones de Écija, ha explicado a Efe Osuna, quien ha criticado que, en este asunto, "las tres administraciones se atacan entre sí".
La Junta de Andalucía defiende que la competencia para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial corresponde a la Administración del Estado y que era el Ayuntamiento de Écija el competente para el mantenimiento y limpieza del arroyo al discurrir por el casco urbano, dice el letrado.
Por su parte, el Ayuntamiento ecijano, gobernado por Ricardo Gil-Toresano (PP), defiende "que existe fuerza mayor porque las lluvias de diciembre de 2010 fueron excepcionales" y que la competencia en el mantenimiento de cauces de ríos y arroyos es de la Comunidad Autónoma.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -dependiente del Estado- responsabiliza a la Junta de Andalucía, que "era quien en el momento de producirse las inundaciones gestionaba materialmente la cuenca hidrográfica del Guadalquivir", relata Osuna.
La postura de los afectados es que existe responsabilidad de la administración "porque las lluvias caídas en Écija en los días en cuestión no colman la capacidad del arroyo Argamasilla", cuyo cauce creen que se redujo por falta de mantenimiento y "la obstrucción provocó el suceso".
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