El debate permanente sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones se recrudece, intermitentemente, coincidiendo con la situación de nuestra economía, sobre todo en coyunturas recesivas que generan altas tasas de paro provocando un descenso muy acusado de los montantes recaudatorios; a esta circunstancia debemos añadir los retos constantes y progresivos a los que se debe enfrentar el sistema tales como la evolución demográfica y su viabilidad financiera. Efectivamente, en 1975 había tres millones de pensionistas y la población ocupada era de doce millones de personas; hoy hay más de nueve millones de pensionistas y la población ocupada es de diecisiete millones. Es decir, hemos pasado de un ratio de cuatro contribuyentes por pensionista a un escaso dos por uno, y las proyecciones de futuro pronostican incluso un deterioro progresivo de este escenario. Por otra parte, el gobierno ha tenido que utilizar más de 33.000 millones del fondo de garantía para compensar el déficit recaudatorio y poder atender el pago en algunos meses.
No debe extrañarnos excesivamente si en éste contexto, las declaraciones del Sr. Linde Gobernador del BE, hayan encendido todas las alarmas y atizado las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema invitando a los futuros beneficiarios a suscribir planes privados para complementar y mantener el poder adquisitivo de su pensión ante la inexorable reducción en el futuro de la cuantía de su importe a largo plazo. Ya, anteriormente, en diferentes épocas y ocasiones , otros gobiernos, analistas económicos y organismos de toda índole, tanto públicos como privados, incluso la Comisión Europea, incidieron sobre la perentoria necesidad de introducir las reformas necesarias aconsejando, también, la posibilidad de acceder a planes privados. Así la indispensable reforma realizada en 2013 obligará a los futuros beneficiarios a trabajar más años y a cotizar más tiempo para cobrar una prestación que, en la mayoría de los casos, estará por debajo de sus expectativas.
Sin embargo, si la exhortación del Sr.Linde, no resulta totalmente desatinada, sí es verdad que ha olvidado, una vez más, que, en la actualidad, apenas el 20% de la población activa es titular de una plan de pensiones privadas y, lo que es más lamentable, que la capacidad del resto de los trabajadores para suscribir uno es cada día más reducida en base a los salarios medios que perciben, sobre todo teniendo en cuenta que la devaluación necesaria que debía sufrir nuestra economía se ha realizado a cuenta de los salarios mermando más, si cabe, ésa posibilidad.
Resulta, por tanto imprescindible que los gobiernos sucesivos, con independencia de su color político, incrementen las fuentes de financiación del sistema público, sigan prolongando los incentivos fiscales y, sobre todo, tengan en cuenta que casi un 80% de los asalariados menos favorecidos tienen escasa capacidad de ahorro para destinarlo a suscribir planes privados.
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