Las trabajadoras de la empresa Claros retomaron el pasado lunes sus movilizaciones para que la Junta de Andalucía cancele la deuda que mantiene con la plantilla que presta servicio a las personas mayores y con discapacidad dentro de la Ley de Dependencia.
De lunes a viernes, de 8.00 a 9.00 horas y de 13.00 a 14.00 horas, se manifiestan a las puertas del Ayuntamiento, en Servicios Técnicos, para reivindicar que se les pague, una situación que vienen sufriendo desde hace ya casi cinco años. En concreto, la Junta les adeuda el cincuenta por ciento de la nómina de octubre y el mes de noviembre; situación que afecta prácticamente a 60 trabajadoras y por tanto a 60 familias.
“Si la Junta no paga rápidamente 180 millones de euros para la Dependencia, no cobraremos, incluso el mes de diciembre. Ese pago se debería hacer efectivo. Sabemos que el Ayuntamiento no pagará porque no tiene dinero ni hasta que la Junta pague”. No obstante, y según explica la portavoz de la trabajadoras afectadas, Nieves García, el colectivo se siente apoyado por el equipo de Gobierno y especialmente por su alcalde, pero también dice que ese apoyo no se materializa en la solución del conflicto.
A pesar del panorama, las trabajadoras no desfallecen en sus obligaciones diarias porque aseguran que los usuarios de la Ley no tienen culpa de la situación y necesitan ser atendidos. Nieves García asegura que ni los usuarios son conscientes de la situación de las trabajadoras “porque no lo dicen”, y que ciertamente le cuesta mucho esfuerzo sacar unos minutos para manifestarse.
“Debemos cobrar porque no somos una ONG, además no hay problemas en el servicio, cosa que puede corroborar Servicios Sociales. Nuestra situación es inaguantable”.
En la provincia
A todo, el área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz ha diseñado un protocolo de seguimiento que incluye un calendario de encuentros con los diferentes agentes implicados en la prestación del servicio de atención a la dependencia, con la finalidad de mejorar la coordinación entre todas las partes y que, en consecuencia, pueda traducirse en un servicio de mayor calidad. Ese calendario se ha iniciado con el encuentro que han mantenido los responsables de las distintas empresas concesionarias del servicio con la diputada responsable de esta área, Isabel Armario.
Con estas reuniones no sólo se pretende establecer vías de comunicación, sino hacer un seguimiento del funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio que permita diagnósticos de aspectos susceptibles de mejora. En este sentido se quiere tener una visión global y dar cabida a todos los agentes implicados en la prestación del servicio, como son los empresarios, a los que se ha dado cita en el día de hoy, pero también a trabajadores y sindicatos, técnicos de los servicios sociales municipales y responsables políticos de los ayuntamientos. Armario irá celebrando reuniones con todos ellos de manera individualizada y de ámbito comarcal.
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