Menudo mes de agosto y de septiembre que se avecina en el Betis, pues el poder en el club verdiblanco, es una margarita que se deshoja cada día que pasa con distintas y muy variadas vicisitudes.
Tal y como se venía barruntando, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha suspendido este jueves cautelarmente los derechos políticos del 31,38 por ciento de las acciones de la entidad bética, cuya propiedad se dirime en los tribunales por entenderse que el accionista mayoritario, Manuel Ruiz de Lopera, las adquirió de forma ilícita.
No obstante, el juez Javier Carretero, ha declinado nombrar un administrador judicial de los citados títulos embargados por ahora, de modo que la institución será gobernada por el resto de las acciones, hasta tanto se resuelva el juicio pendiente, que está visto para sentencia, así como las hipotéticas apelaciones.
A pesar de esta suspensión de los derechos políticos del 30 por ciento de las acciones del Betis, Lopera y personas de su confianza aún controlan más de un cuarto de los títulos del club, por lo que será imposible quebrar su mayoría simple en la Junta General Extraordinaria de accionistas prevista para el próximo 23 de septiembre.
Por otra parte, los diferentes grupos opositores a Lopera manejan en total alrededor del 12 por ciento de las acciones del Betis, mientras que casi un tercio de las mismas están en manos de accionistas minoritarios que jamás las han hecho aflorar en las juntas de accionistas. Lo dicho. Mucha tela por cortar.
Oliver ya no tiene el apoyo de la Fiscalía
No hay buenas nuevas para el exconsejero bético tras la solicitud por pate de la Fiscalía Superior de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no admita la querella presentada por Luis Oliver contra la jueza Mercedes Alaya por su actuación en el caso judicial en relación al club verdiblanco; subrayando que no existe un elemento probatorio o indicio suficiente para su desarrollo.
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