Hace unos días, paseando por el Parque de María Luisa, recordé el crimen que fue cometido allí, cuando un obrero comunista fue asesinado en los convulsos finales de los setenta, en un suceso que nunca fue resuelto y que hoy pocos recuerdan. Que no todos somos iguales es un hecho contrastado en la vida, pero también lo es en la muerte, y por mucho que nos hayan dicho que ésta iguala a todos al final, resulta innegable que no todos los muertos son iguales. En la Transición hubo víctimas, demasiadas tal vez para un proceso que se vendió como inmaculado, pero tampoco todas fueron iguales, pues mientras algunas fueron reconocidas y sus familiares pudieron acogerse a todas las ayudas que marca la ley, otras como Manuel Oyola fueron olvidadas para siempre.
Oyola no fue un gran político. Sólo era un obrero de la construcción comprometido. Militante del PCE y las Comisiones Obreras, este hombre formó parte del servicio de orden que el partido había conformado para sacar adelante un concierto en solidaridad con el pueblo chileno, a la sazón sojuzgado por la terrible dictadura del general Pinochet. En un espacio acotado en el parque, los comunistas organizaron un evento con la presencia del famoso grupo Quilapayún, que supuso todo un desafío a los sectores más reaccionarios de la ciudad, que todavía no asumían los cambios que se estaban produciendo en un país que en pocos meses iba a aprobar su Constitución.
A poco de dar comienzo la fiesta, un grupo de personas que supuestamente querían entrar gratis al recinto, comenzó a tirar objetos a los asistentes provocando un enfrentamiento con los voluntarios que acabó en tragedia: Manuel Oyola Medina era alcanzado en el pecho por un objeto punzante que le arrebató la vida. La puñalada fue tan certera que, según informaron fuentes policiales, sólo podía haber sido obra de una persona preparada para matar. No habría sido desde luego la primera vez, que la ultraderecha aprovechaba un evento izquierdista para, en el desorden, cometer sus crímenes, y por eso en un principio, todas las sospechas recayeron sobre los grupos extremistas que actuaban en la ciudad.
Al día siguiente el mundo del trabajo sevillano organizó asambleas, paros y protestas, mientras que UCD, PSOE, PCE, CCOO y UGT firmaban una declaración conjunta en la que hablaban de “atentado a la democracia”.
Más de cinco mil personas acompañaron al cortejo fúnebre en la despedida, pero lamentablemente todo quedó ahí, y a pesar de las fundadas sospechas de que Oyola había sido víctima de un atentado, la investigación no prosperó. Un histórico líder sindical me reconoció que incluso el PCE decidió no ahondar en la herida, pues estaba en juego la democracia, y no era plan de crear alarma social. Poco importaba que la víctima dejase cinco hijos, ya que la realpolitik se encargó de hacer olvidar el crimen y por eso Oyola fue olvidado, y con él otras víctimas del terrorismo ultraderechista en España, ese terrorismo que nunca existió y cuyos asesinados han sufrido el mismo desprecio que los miles de españoles que, a día de hoy, siguen enterrados en cunetas por todo el país.
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