Decía San Agustín: “la justicia tardía no es justicia”. Pues bien, partiendo de ese principio que está lleno de sentido común, aunque en este caso más valga tarde que nunca, espero que nuestros gobernantes comiencen a darse cuenta de lo necesaria que es una inversión real y considerable en una de las bases de cualquier democracia que se precie: la justicia.
Estamos hartos de ver como se alargan años y años casos de corrupción dejando la sensación en la ciudadanía de que el dinero puede comprar todo esto, algo que por otro lado tiene cierto sentido si tenemos en cuenta que el sistema tan garantista que tenemos hace que un buen equipo de abogados pueda recurrir hasta no sé cuántos tribunales hasta que la sentencia sea definitivamente firme.
Estamos demasiado acostumbrados ya a juzgados y oficinas de funcionarios de justicia atestadas de documentos, de archivadores, sin espacio alguno, con unas instalaciones realmente precarias si lo comparamos con otros ministerios o parcelas de la administración.
Aceptamos sin remedio que las pruebas para llegar a ser juez, además de la dureza extrema de las mismas, sigan siendo de muy difícil acceso ante la oferta de un número de plazas insuficiente para la demanda que soportan nuestros juzgados.
Tan solo nos acordamos de todo esto cuando nos vemos en algún apuro y debemos acudir a la justicia para solucionarlo.
No es de recibo que en el año 2014, no se den las circunstancias para que se pueda informatizar mucho más de lo que se hace en la actualidad, algo que se ha conseguido en sanidad, en educación…
¿Cómo seguimos con procedimientos de hace más de un siglo? Ahora, las prisas por la cercanía de las elecciones hace que se quiera reformar y aligerar una serie de causas que llevan años enquistadas y que finalmente están afectando de forma natural a los partidos mayoritarios.
De nada servirá si no redunda en una mejora de los medios y un aumento claro del número de funcionarios y jueces, de no ser así, seguirán estando de actualidad las palabras que un día dijera San Agustín.
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