Un pilar básico para una sociedad igualitaria es la justicia universal. Para ello, el papel del turno de oficio es fundamental, pues es el que garantiza que todos los ciudadanos tengan asistencia jurídica, puedan o no pagarla.
La dedicación de la profesión en Huelva a la justicia gratuita es superior a la de los despachos particularesSin embargo, no está de más recordar que ha costado mucho que esto sea así , y de hecho, hay muchos frentes que amenazan este justo servicio. De ahí que el Colegio de Abogados de Huelva se haya sumado este martes a la celebración del Día de la Justicia Gratuita con una jornada de puertas abiertas, el izado de bandera y la lectura de un manifiesto.
Según ha explicado el decano de los abogados onubenses, Juan José Domínguez, “en 2015 se instruyeron más de 15.000 expedientes de asistencia gratuita, y este año vamos ya por 6.888; habida cuenta de la escasez de otra clase de pleitos, resulta que la justicia gratuita es la que mantiene la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos día a día”.
No en vano, más de 600 letrados de los mil que hay en Huelva cubren el turno de oficio, es decir, que “la dedicación de la profesión en Huelva a la justicia gratuita es superior a la de los despachos particulares”. A esto hay que añadir que cinco de los siete funcionarios con los que cuenta el colegio, que es el responsable de gestionar este servicio, están dedicados “casi en exclusiva” al turno de oficio.
Sin embargo, las condiciones no son las ideales. Así, Domínguez ha indicado que, aunque a día de hoy la Junta de Andalucía está al día con los pagos, “no está subiendo en absoluto unas retribuciones que son muy poco acordes con la importancia verdadera de los asuntos”. A esto hay que sumar que “la Junta ha reducido en un 10% los gastos de administración, de suministro de material...”
Aunque el decano se siente esperanzado con una reunión que habrá entre las partes en septiembre, aclara que “es nuestro afán por el mejor funcionamiento de la institución y de la justicia gratuita que se nos suba algo el presupuesto, pero sobre todo que no se nos quite”.
Por su parte, la diputada tercera de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de huelva, Rosario Castro, leyó un manifiesto en el que hizo hincapié en la necesidad de que el turno de oficio sea “objeto de especial protección y compromiso por parte de los poderes públicos”. Por ello, recalcó “la urgente necesidad de reformar el marco legal de la justicia gratuita”, clarificando “las condiciones legales de acceso a la justicia gratuita tanto por parte de los ciudadanos como de los abogados”.
También incide el manifiesto en la necesaria “aplicación de las garantías constitucionales a detenidos y presos” y en “los derechos de los refugiados”, instando al Gobierno de España y a la Unión Europea al “escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales”.
Por último, un temor que también puso sobre la mesa Domínguez: “Rechazamos la privatización de los servicios de asesoramiento, asistencia y defensa jurídica, especialmente los destinados a las mujeres víctimas de violencia, los presos y los migrantes, oponiéndonos a una mercantilización de la prestación de estos servicios”.
48.000 beneficiarios
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz, Francisco José Romero, ha destacado este martes que unas 48.000 personas han sido beneficiarias de la justicia gratuita en Huelva durante 2015, y la Consejería de Justicia ha abonado a los abogados y procuradores onubenses 1,6 millones de euros por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el pasado año.
Para el delegado, estas cifras suponen “un importante reflejo en la provincia de un derecho constitucionalmente reconocido para asegurar el acceso de todas las personas a la tutela judicial efectiva y que garantiza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley”.
Por último, miembros de la Plataforma Antidesahucios de Huelva (PAH) aprovecharon el Día de la Justicia Gratuita para registrar un escrito en el Colegio de Abogados en el que reclaman “que haya un grupo especializado, dentro del turno de oficio, en materia de préstamos hipotecarios, cláusulas abusivas, ejecuciones hipotecarias y derecho europeo”, explicó Francisco Javier Arellano, miembro de la PAH y profesor de Derecho de la Universidad de Huelva. Para la plataforma, esta petición está más que justificada debido a las “numerosísimas ejecuciones hipotecarias que se vienen produciendo en la provincia”.
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