Libertad e Igualdad, una plataforma cívica en la que participan o han participado, entre otros, Mario Vargas-Llosa, la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, y la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con extrema dureza por su “pasividad” ante el 9-N. En una nota con sabor a sentencia, esta plataforma asegura que “por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Y por ello, le señala la puerta de salida del palacio de La Moncloa. Esta posición de mano dura, que esperaba una intervención judicial y policial ante la consulta o incluso una suspensión de la autonomía catalana, es mayoritaria en las bases más extremas del PP, que creen que el problema catalán se arregla, poco más o menos, que o con la Legión o con la Guardia Civil.
Sin embargo, Rajoy ha optado por no matar moscas a cañonazos para no victimizar a un independentismo que se siente ganador del 9-N pese a que casi el 70% de los catalanes no acudió a las urnas. Así las cosas, todo hace indicar que el presidente del Gobierno responderá a través de una querella del Ministerio Fiscal contra los promotores de este grave atentado –sin duda, con Artur Mas a la cabeza- contra el Estado de derecho.
Una acción que, a mi juicio, es proporcionada y acertada: es lo mínimo que despachaba en este caso. Aunque vaya a contramano del sentir general que existe de convertirlo en un muñeco de feria por una forma de gobernar que, por lo general, se ha caracterizado por una insoportable pasividad -los dos años perdidos en esta grave crisis territorial son la prueba más evidente de su propensión a tomarse los asuntos de Estado con una cierta holgazanería-, Rajoy ha estado fino casi en el último minuto.
De entrada, la acción de la Fiscalía no solo no va a dar alas a los independentistas, como he dicho. Tampoco va a cerrar la puerta a lo que debe venir a partir de ahora: un proceso de negociación que desemboque en una urgente reforma constitucional.
Una reforma constitucional que busque el encaje definitivo de Cataluña –y del País Vasco- en España, y actúe de camino contra los otros problemas –corrupción, despilfarro, etc.- que amenazan muy seriamente nuestra democracia.
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