El juzgado de Instrucción Número 2 de Huelva ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa en la denuncia presentada por el presidente y portavoz de la formación política Unidos Por Punta Umbría (UPU) contra varias personas entre las que se encontraban la actual alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo (PSOE), así como el anterior alcalde de Punta Umbría (Huelva), el también socialista Gonzalo Rodríguez Nevado.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que en la documental a la que ha tenido acceso se esclarece que con anterioridad había "quedado anulada en el ámbito administrativo el procedimiento que se consideraba ilícito" por lo que "no podemos considerar que se de ninguno de los delitos".
Hernández Cansino había acusado a los responsables municipales por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación pública y tráfico de influencias en la concesión del servicio público de tanatorio a una persona emparentada con una asesora de la alcaldía.
El pasado mes de junio, la alcaldesa de Punta Umbría firmó un decreto que anula la adjudicación del servicio público del tanatorio municipal tras valorar los informes técnicos que estiman las alegaciones presentadas por la segunda empresa interesada en esta contratación y en aras de una "gestión transparente, responsable, pública y fuera de toda duda".
Águedo recordó entonces que la adjudicación del servicio público del tanatorio se "apoyó" en un informe previo de los técnicos, que fue "votado favorablemente" por la mayoría de los componentes de la mesa de contratación --técnicos y PSOE, PP e IU--, con la abstención de UPU.
José Carlos Hernández Cansino había denunciado las concesiones ilegales de la gestión del Tanatorio Municipal a empresas vinculadas a una asesora municipal que además mantenía deudas con el propio ayuntamiento.
La adjudicación del servicio funerario municipal a la entidad Tanatorio Punta Umbría SL se llevó a cabo el 24 de febrero a esta entidad cuyo principal accionista es Rafael Arias, según Hernández Cansino, pareja de una asesora nombrada "a dedo" por la alcaldesa Aurora Águedo y quien también había ejercido durante años de secretaria personal del anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado.
El juez tiene en cuenta la anulación del contrato mediante decreto llevada a cabo por la alcaldesa en el mes de junio para archivar la causa en una decisión que, no obstante, puede ser recurrida.
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