El Gobierno municipal que preside Juan Polo en Cartaya ha contratado en el último año a 15 personas “cuyo principal mérito es haber ido en las listas electorales de los partidos que respaldan al alcalde (Icar, PP y PA) en las últimas elecciones municipales”.
Así lo ha señalado Izquierda Unida Cartaya en un comunicado de prensa, en el que explica que de la documentación oficial a la que ha accedido la formación se desprende que en esas contrataciones “no habría habido ni convocatoria pública ni proceso de selección de personas con garantías legales”.
Según prosigue IU, de esos 15 contratos de candidatos, dos corresponden a personas que concurrieron en la lista de ICAR, el partido del alcalde. Otras cinco contrataciones habrían servido para pagar el apoyo de la única concejala del PA al pacto con Icar y el PP, que permitió a Juan Polo acceder a la alcaldía.
No obstante, el partido “más premiado con contrataciones a dedo” es el PP ya que según IU ocho personas que fueron en la lista del PP “han tenido contratos a dedo del Ayuntamiento en el último año”.
IU ha comprobado que en el Ayuntamiento “no existe ningún expediente” que justifique la contratación de las 15 personas que han sido candidatas de Icar, PP o PA. “Tampoco se ha publicado en ningún lugar (ni en el tablón de anuncios o la web municipales, ni en los medios de comunicación) anuncio alguno de convocatoria de esas contrataciones”, en las que se deberían haber respetado los criterios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia a los que obliga la ley en el empleo público.
“Es bochornoso -prosigue IU- que el propio Gobierno municipal haya reconocido en los plenos de la Corporación de septiembre de 2015 y enero de 2016 que el Ayuntamiento de Cartaya no cumple esos requisitos legales en las contrataciones de personal que hace”.
IU exige la “rescisión inmediata” de los contratos a esos 15 candidatos de Icar, PP y PA que aún puedan estar en vigor y la convocatoria pública de aquellos puestos de trabajo que el pleno de la Corporación considere sean necesarios para el funcionamiento normal del Ayuntamiento y de los servicios que éste debe prestar a la ciudadanía. Esa convocatoria, concluye, “debe ajustarse estrictamente a la ley y, por lo tanto, garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas interesadas en ocupar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento”.
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