Las repercusiones que está provocando la reciente imputación del alcalde de Cartaya, Juan Polo (Icar), que ha sido llamado a declarar ante el juez el próximo 6 de febrero por un presunto delito contra el medio ambiente, están siendo numerosas. Una de ellas, lógicamente, pasa por la decisión del Grupo Municipal Popular de mantener su apoyo a un alcalde imputado, lo cual parece no haber gustado a buena parte de la militancia del partido, que es partidaria de no gobernar con políticos en esa situación procesal que tanto está mancillando la vida pública en nuestro país.
En este sentido, la decisión del grupo municipal del PP de Cartaya de mantener el pacto con los independientes pese a la imputación del alcalde, Juan Polo, no ha sentado nada bien a la militancia de los populares cartayeros. Y es que según ha avanzado este viernes Diariodehuelva.es, miembros de dicha formación política defienden que su grupo municipal debe romper el pacto por “coherencia política”, al entender que la postura del PP siempre ha sido la de “no permanecer al lado de los imputados”.
Así lo indicó a Diariodehuelva. el exconcejal y expresidente local del PP, Gustavo Arduán, quien además fue coordinador de la última campaña electoral y quien representa a una amplia masa de la militancia de base del PP cartayero. “La militancia defiende que se rompa el pacto por coherencia”, señaló.
Arduán fue más lejos en sus declaraciones y considera que los concejales han decidido mantener el pacto por las “ventajas políticas y materiales” que les supone seguir en el equipo de Gobierno. El expresidente local del partido cree que los ediles mantienen el acuerdo de gobierno para mantener sus sueldos y el puesto de trabajo de las personas “colocadas” por el grupo municipal del PP.
Asimismo, Gustavo Arduán critica que la decisión de mantener el pacto ha sido tomada “de forma unilateral” por dos concejales, que serían el portavoz del grupo municipal, Gabriel Maestre, y el presidente local del partido, Manuel Barroso. El exconcejal denuncia que “no se ha consultado a la militancia” y que los dos ediles citados ni siquiera lo han consultado con los otros dos concejales del grupo municipal del PP: Carlos Pérez (primer teniente de alcalde cartayero) y Constanza Pérez (recientemente desposeída de algunas de sus competencias más importantes como Servicios Sociales, en favor de la edil tránsfuga Carmen García Jiménez). “Lo han decidido por su cuenta dos concejales y dos personas más”, lamenta Arduán.
Por último, quien coordinó la campaña electoral de las elecciones municipales de 2011 logrando uno de los mejores resultados de la historia para el PP de Cartaya con cuatro ediles, considera que el grupo municipal “está perjudicando al partido” con decisiones de este tipo, al tiempo que considera que han ofrecido un “bochornoso espectáculo público” por decidir primero replantearse romper el pacto y posteriormente desdecirse. “Supongo que porque el grupo gobernante les ha leído la cartilla y se han dado cuenta de las desventajas políticas y materiales de romper el pacto”, ha apostillado el propio Arduán.
JUAN POLO, IMPUTADO
Esto sucede después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte haya citado para el 6 de febrero al alcalde, en calidad de imputado, por un presunto delito contra el medio ambiente tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable. Según reza en el auto judicial, el juzgado ha admitido a trámite una querella contra el primer edil cartayero y ordenado la práctica de una serie de diligencias como la solicitud de la licencia urbanística y finalización de obras y el informe emitido por la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Huelva sobre las condiciones urbanísticas de la parcela.
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