Los vecinos de la urbanización José María Tres de Nuevo Portil, que denunciaron al alcalde de Cartaya, Juan Polo (Icar), el pasado día 25 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte, por un presunto delito de prevaricación, en relación a la actividad industrial que desarrolla una panadería en su urbanización, la cual consideran “ilegal”, han asistido este viernes al pleno de la localidad costera con el objetivo de hacer visible su situación y los perjuicios que les está ocasionando dicha actividad industrial.
En el mismo, también han podido escuchar las explicaciones del alcalde al respecto, tras sendas preguntas que sobre el asunto le han planteado los portavoces municipales de IU, Miguel Ángel Gea, y PSOE, Alexis Landero.
El primer edil ha sostenido en su respuesta lo que viene manteniendo desde que los vecinos adelantaron a través de VIVA la denuncia interpuesta contra el propio alcalde, y ha afirmado que el propietario de dicha panadería ha manifestado al Ayuntamiento su intención de trasladarse a un polígono industrial de Lepe en 30 o 40 días, y que en todo momento ha actuado con diligencia desde que se enteró de esta cuestión hace unas semanas.
Unas manifestaciones que no han convencido a la veintena de vecinos que durante el pleno han mostrado carteles alusivos a su problema, incluso a pesar de haber accedido el alcalde a mantener un encuentro con ellos una vez acabada la sesión, tras negarse a darles la palabra durante la misma.
En este sentido Jesús Guerrero, vicepresidente del bloque II de dicha urbanización, ha manifestado a VIVA que el Ayuntamiento “está falseando la realidad y no se atiene a la veracidad de los acontecimientos tal y como se han producido” en relación a las justificaciones del alcalde de haber iniciado las actuaciones cuando se ha enterado del asunto. Y es que los vecinos defienden haber puesto en conocimiento del Ayuntamiento los hechos hace ya ocho meses, mediante un escrito registrado en el Consistorio el 11 de diciembre de 2013, por lo que “no pueden ahora decir que no lo sabían antes. Lo sabían y no han querido saber absolutamente nada, actuando sólo cuando han tenido conocimiento de la denuncia contra el alcalde por prevaricación”, ha explicado Guerrero.
Es por ello por lo que incide en que “no reconocen que iniciamos las acciones el 11 de diciembre de 2013 con ese escrito y el problema para ellos es que han iniciado el procedimiento cuando se han enterado de la denuncia que hemos presentado en el juzgado”.
Finalmente, Guerrero también ha afirmado que “se ha faltado al respeto” a los vecinos que han asistido este viernes al pleno, los cuales también se han sentido “ofendidos”, ante las insinuaciones del propio alcalde de que lo habían hecho movidos por alguien, en referencia a algún partido político de la oposición. En este sentido Guerrero ha sido tajante y ha afirmado que “somos mayorcitos y nadie nos tiene que decir a donde tenemos que ir. Hemos asistido por nuestra propia voluntad y, sobre todo, para defender nuestros derechos como vecinos”.
Derechos que aseguran seguirán defendiendo “donde haga falta”, por lo que no descartan “poner los hechos en conocimiento de la Oficina del Defensor Andaluz si el problema no se soluciona”.
PANADERÍA INDUSTRIAL
Los propietarios de los apartamentos de la urbanización José María Tres hicieron constar en su denuncia que la panadería “utiliza como combustible gasóleo, que emite a la atmósfera gran cantidad de micropartículas contaminantes por varias chimeneas colocadas a menos de dos metros del suelo que hace difícil la respiración en las viviendas”, así como que “estas emisiones han ensuciado de hollín negro las paredes de los bloques, y especialmente la fachada norte del bloque II”.
También recoge la denuncia que los motores de evacuación de aire interior de la panadería “están en funcionamiento las 24 horas del día, emitiendo gran cantidad de ruido que hace insoportable el descanso” y que “no cumplen con la ordenanza medioambiental de protección contra la contaminación acústica de Cartaya”; así como que la industria panadera “se alimenta desde un depósito de gasoil que está a tres metros de la fachada sur del bloque II, poniendo en peligro a sus moradores ante un vertido o explosión del combustible” y que “la descarga se hace periódicamente desde un camión cisterna que estaciona en la calle Valle Frío, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos”. Por último reza que “varias veces en semana un camión cargado de sacos de harina descarga en la puerta de la panadería generando molestias debido a las horas intempestivas en que tiene lugar”.
A todo ello los representantes de los propietarios añaden la “incomodidad” que supone la presencia de 5 o 6 camiones de reparto por las mañanas en la calle y, en general, “las incomodidades propias de una actividad industrial metida dentro de una zona residencial habitada”. Por último señalan que “al ser una actividad industrial no permitida y sin autorización también ponemos en cuestión que cumpla las medidas de seguridad obligatorias” y que “tampoco sabemos si está teniendo consecuencias para la salud de los vecinos respirar todos los días las micropartículas de hollín”.
Por todo ello piden en la denuncia el “cese” de una actividad que según añaden “carece de la preceptiva licencia municipal para ejercer esta actividad industrial”, alegando que “en este caso el señor alcalde mediante una actuación decisoria de no resolver expresamente, ha desestimado por silencio administrativo nuestra decisión” y que, según jurisprudencia, el Tribunal Supremo sostiene que “se comete prevaricación en situaciones donde existe un deber imperativo de dictar resolución y cuya omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.
CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
Como ya adelantó VIVA, los vecinos aseguran haber actuado en todo momento de “buena fe” y justifican el hecho de haber llegado hasta los juzgados en la “falta de respuesta del Ayuntamiento”.
Tal es así que los representantes de los propietarios consultados por VIVA han afirmado que el verano pasado la junta de propietarios decidió informarse sobre la actividad que desarrolla la industria panadera en cuestión, por lo que “el empresario solicitó en septiembre al Ayuntamiento de Cartaya legalizar la actividad”.
Posteriormente “solicitamos al alcalde de Cartaya en un escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento de 11 de diciembre, información sobre dicha actividad industrial”.
En sendos encuentros, primero con los servicios técnicos municipales (27 marzo 2014), y otro con el teniente de alcalde de Urbanismo, el popular Gabriel Maestre (8 de abril de 2014), “se nos corroboró que la actividad efectivamente es ilícita” ya que “el propio Maestre nos dujo que en dicho espacio está prohibida cualquier actividad de este tipo al tratarse de Suelo Urbano Consolidado”.
Como consecuencia de ello remitieron un nuevo escrito al alcalde, pidiéndole el cese de la misma, pero aseguran que “pasó el tiempo y se hizo el silencio administrativo, ya que no nos contestaron”. No obstante, prosiguen, “por querer actuar de buena fe no nos fuimos entonces al contencioso administrativo ni al juzgado” hasta que el 24 de junio “tuvimos otro encuentro con el teniente de alcalde de Urbanismo, quien no nos dio solución alguna, por lo que decidimos acudir al juzgado”. Es más, aseguran, el propio teniente de alcalde de Urbanismo “nos reconoció expresamente que ni técnicos ni secretario del Ayuntamiento atendían a sus indicaciones de decreto de cierre por desarrollo de una actividad ilegal, reconociendo su impotencia en este sentido e invitándonos (por más de 10 veces) a denunciar en el juzgado a la panadería por actividad ilegal y al Ayuntamiento por no hacer lo que debería hacer”.
Finalmente afirman que después de poner la denuncia, el alcalde, tras haberlo rechazado con anterioridad, “accedió a reunirse con nosotros, pero no con la intercomunidad, ni con más de tres personas, por lo que la cita se pidió prácticamente a título particular celebrándose el pasado 17 de julio”.
Los vecinos aseguran no haber podido salir de dicho encuentro más indignados. Y es que afirman que en el mismo se les informó sobre los detalles de un informe, según ellos elaborado por los servicios técnicos municipales, sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad industrial en la panadería. En el mismo se dice que la panadería “no se alimenta con gasóleo, que lo hace con pellets, que el depósito de gasoil no se utiliza y que no hay peligro, pues éste está soterrado, y que la fachada norte del bloque II ennegrecida no es de hollín de la combustión de gasoil emitida por las chimeneas, sino debido a la humedad del ambiente”.
Igualmente destacan que en ese mismo encuentro se les dijo que “no había riesgo para la salud de las personas a consecuencia del humo de las chimeneas, y que no podíamos demostrar nada ante ningún juzgado”.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
