Córdoba

Carmen Calvo se unen a Mayor Zaragoza en la comisión de la Mezquita

La comisión que asesorará al Ayuntamiento de Córdoba y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), en los ámbitos "jurídico, patrimonial y académico"

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  • Carmen Calvo. -
  • También se unirán dos historiadores

Dos historiadores y la exministra socialista Carmen Calvo, en su condición de Catedrática de Derecho Constitucional, son quienes han constituido este jueves, bajo la presidencia del ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, la comisión que asesorará al Ayuntamiento de Córdoba y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), en los ámbitos "jurídico, patrimonial y académico", sobre cómo lograr que "la Mezquita-Catedral vuelva a tener titularidad pública".

En concreto y según ha detallado en rueda de prensa Ambrosio, forma parte de la citada comisión Alejandro García Sanjuán, "especialista en Historia Medieval, del Departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva (UHU)", que es autor de obras como 'Hasta que Dios herede la tierra: Los bienes habices en al-Andalus (siglos X al XV)', 'La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación del pasado: Del catastrofismo al negacionismo' o 'Coexistencia y conflictos. Minorías religiosas en la península ibérica durante la Edad Media', entre otras.

El otro historiador que forma parte de la comisión, según ha indicado Ambrosio, es Juan Bautista Carpio Dueñas, que "es doctor en Filosofía y Letras, historiador medieval de la Universidad de Córdoba (UCO)" y su tesis de doctorado versó sobre 'La tierra de Córdoba y el dominio jurisdiccional de la ciudad durante la Baja Edad Media', mientras que, según ha aclarado la alcaldesa, "la incorporación de Carmen Calvo Poyato a la comisión tiene que ver con su condición de Catedrática de Derecho Constitucional" de la Universidad de Córdoba (UCO).

Ambrosio ha agradecido a todos los miembros de la recién constituida comisión "su disponibilidad para aceptar una tarea que, por su complejidad y trascendencia, precisa de una enorme solvencia y prestigio", desde "el convencimiento de que esta tarea debe" llevar "a un buen puerto", trabajando la comisión de manera "autónoma" y, aunque el informe final que emita para final de año no será vinculante, el mismo hará público y sí que será tenido en cuenta, según ha subrayado la alcaldesa.

ACUERDO CON LA IGLESIA

Por su parte, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha considerado "coherente" presidir esta comisión después de que él promovió en 1984 desde la Unesco la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral, que es símbolo de "solidaridad", razón por la que él no buscará el enfrentamiento, pues defiende la resolución de problemas desde la "cultura de paz", aunque le hayan parecido "desafortunadas" las declaraciones el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, quien ha subrayado que el templo nunca ha sido un bien público y pertenece a la Iglesia Católica desde 1236.

Ante ello, Mayor Zaragoza ha indicado que entre el siglo XIII y hasta la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por la Iglesia en 2006 "no hubo nunca problema, y el problema se crea, precisamente", con la inmatriculación del monumento por la Iglesia, en base a una fórmula legal que es "inconstitucional".

En cualquier caso, Mayor Zaragoza, quien está dispuesto a reunirse con el obispo de Córdoba, ha reconocido que recientemente "han tenido un buen gesto", al recuperar la denominación de Mezquita-Catedral, tras haber suprimido el Cabildo Catedral de Córdoba por un tiempo el nombre de mezquita, pues "se han dado cuenta de la debilidad de sus argumentos" sobre la titularidad del monumento.

En este sentido, Mayor Zaragoza ha señalado que lo que se persigue ahora es promover "la vuelta a la situación anterior a 2006", cuando la Iglesia inmatriculó la Mezquita-Catedral, precisando el ex director general de la Unesco que "la inscripción se refirió a la Santa Iglesia Catedral y no a la Mezquita-Catedral", lo que entiende que puede servir de base para "buscar un acuerdo con las autoridades eclesiásticas" que permita, según ha insistido, "volver a la situación anterior al 1 de marzo de 2006".

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