Los jóvenes que se presentaron a las oposiciones convocadas para plazas de Bombero del Ayuntamiento de Córdoba, entre los años 2008 y 2009, y que posteriormente interpusieron una querella contra parte de los opositores y miembros del tribunal, entre ellos un representante sindical, en total nueve acusados, han advertido este jueves de supuesto amaño en la prueba.
Durante el juicio, que prevé continuar este viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, uno de dos los querellantes han coincidido en calificar de "confuso" el examen y que se dio una situación que "no tenía ni pies ni cabeza", para lo cual han citado el hecho de que los siete acusados que aprobaron con "las mejores notas" dejaron "en blanco" la pregunta 23, que era "de las más sencillas".
En este sentido, uno de ellos ha explicado que, tras la celebración de la prueba y constituirse una plataforma de afectados que reclamaban "unas oposiciones justas", recibió una llamada "anónima" en la que una persona le dijo que "la clave estaba en la pregunta 23", al tiempo que ha indicado que no recurrió la decisión final de los nombramientos.
Además, ha señalado que centraron "las sospechas" en los que tienen "contacto con CCOO", puesto que, según ha dicho el querellante, los padres, tíos o algún conocido de los aprobados "tenían relación" con el citado sindicato, a la vez que ha agregado que el examen le pareció "absolutamente rebuscado", con algunas preguntas "confusas" y otras que "se contradecían".
Mientras, otro querellante ha manifestado que tras publicarse los resultados y ver las actas había "algo falso" en cuanto a las preguntas y respuestas con aciertos, de manera que los querellantes mostraron su disconformidad con el resultado, según ha detallado, para precisar que se ha presentado a "16 oposiciones", algunas de ellas "difíciles".
NIEGAN LOS HECHOS
Por su parte, los acusados han negado este miércoles que se produjera supuesto amaño en la prueba, al tiempo que han alegado que no se conocían entre ellos. Concretamente, un sindicalista de CCOO ha explicado que le propuso la Junta de Personal del Consistorio para integrar el tribunal, si bien tuvo que dejarlo por "una baja de enfermedad grave", y ha mantenido que no participó "en la elaboración de preguntas".
Tras ello, el suplente del tribunal que sustituyó al citado representante sindical ha declarado que había "dos modelos distintos de exámenes que estaban en sobre cerrado cada uno", que fueron escogidos por un opositor de manera aleatoria e iban en cajas "precintadas" cuando se fueron a corregir.
Igualmente, ha subrayado que nadie le insinuó que algún familiar se fuera a presentar a la prueba, que en su apartado físico "las controló la Federación de Atletismo" y en el médico, "los médicos", ha apostillado, para remarcar que las preguntas de desarrollo se corregían "por consenso" en base a "bastantes manuales".
Por su parte, los opositores, que aprobaron la oposición, han defendido que no se conocían entre ellos, aunque fueran hijos de bomberos parte de ellos. Uno ha precisado que se presentó con otros dos hermanos, que suspendieron. También, han negado que les beneficiara el cambio del requisito del carnet C1 y que acordaran dejar en blanco la pregunta número 23 para ser identificados a la hora de la corrección, manifestando que no la respondieron por complejidad y falta de tiempo.
Cabe señalar que los acusados solo han contestado a las preguntas de la Fiscalía y la defensas, que en este caso solicitan la absolución al considerar que "los hechos no constituyen infracción penal" y los procesados "no son responsables de delito alguno".
UNOS 145 ASPIRANTES
En concreto, el Ministerio Público pidió en su día el sobreseimiento del caso. Según recoge su calificación, dos de los procesados, junto a otras cuatro personas más, conformaron el tribunal calificador en el proceso de selección para cubrir 25 plazas de Bombero convocado por el Ayuntamiento de Córdoba, que tuvo lugar entre finales del año 2008 y principios de 2009 y en el que se presentaron a las correspondientes pruebas selectivas 145 aspirantes.
En este sentido, entre los aprobados están los otros siete acusados, si bien el fiscal apunta que uno de los procesados que estuvo en el tribunal "ni redactó las preguntas del examen tipo 'test' por no tener conocimientos técnicos de las materias objeto del mismo, ni corrigió los ejercicios al darse de baja del tribunal por enfermedad".
En relación al otro integrante del tribunal, señala que sustituyó al anterior, pero "no redactó la totalidad de las preguntas, y no consta que corrigiera de forma exclusiva los exámenes de los siete opositores imputados", al tiempo que "tampoco queda acreditado que ninguno de los dos miembros del tribunal imputados se confabularan con los siete aspirantes aludidos para facilitarles las preguntas antes del examen, ni que hayan urdido plan alguno para saber la identidad de los mismos en dicho examen o les hayan favorecido directa o indirectamente".
En la fase de instrucción, el Ministerio Público ya indicó que todos los informes aportados por las acusaciones y los instructores no permiten que se pruebe "con rigor" que ha existido un delito.
Además, el fiscal aseguró que el caso empezó con seis querellados --cuatro padres de opositores y dos miembros del tribunal-- a siete aprobados que no contestaron una de las preguntas y dos miembros del tribunal, uno de los cuales estaba de baja en el momento de los hechos, recordó.
PENAS DE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL
En cuanto a la acusación particular ejercida por los afectados, que impulsaron en primera instancia el desarrollo del sumario presentando la denuncia, han solicitado penas para los nueve acusados que suman 36 años de prisión. En concreto, para cada uno de los siete bomberos en este caso pide penas de cuatro años de cárcel, como presuntos autores de delitos de prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias.
Asimismo, en el escrito de acusación se reclama que "los acusados indemnicen solidariamente y con iguales cuotas a los querellantes en la suma de 20.000 euros a cada uno de ellos", y asimismo, fijaban al Consistorio como responsable civil subsidiario.
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