El problema y su estado es más que visible, su solución es ya más compleja de gestionar. En octubre de 2013 se clausuraba el estadio José del Cuvillo por mediación judicial y en octubre de 2017, cuatro años después, se pretendía solicitar nuevamente por parte del Ayuntamiento de El Puerto hacerse con la tutela del recinto deportivo. Continúa, por tanto, la disyuntiva de normalizar un estadio ruinoso y cerrado a cal y canto.
Se pretendía, pues a pesar que desde el Ayuntamiento se notificaba días atrás los puntos correspondiente con los que el Pleno de octubre contaría, lo cierto es que según ha podido saber este medio, el punto número 3, el referente a la “proposición de resolución de recurso de reposición contra acuerdo de revocación de cesión del estadio Cuvillo a Racing Club Portuense”, fue retirado de la sesión.
Sin una argumentación tácita, los diferentes frentes abiertos con los que cuenta el Cuvillo son varios y puntuales. Asuntos desde el área de Patrimonio que dirige Ángel Quintana sostienen ahora este impasse de espera.
Judicializados, municipales y deportivos. Actores decisivos para desenredar una madeja que sigue sin esclarecer motivos esperanzadores.
Si bien desde el Ayuntamiento se insiste en que la titularidad del recinto es municipal, lo cierto es que el control de decisión sigue sin ser manejada por el propio Consistorio, como viene siendo desde que el concurso de acreedores del Racing Portuense tomara el estadio como aval patrimonial básico y único.
Es más, su papel, a día de hoy, está supeditado a las decisiones judiciales que se tomen o se puedan seguir tomando sin que el Ayuntamiento tenga o pueda tomar una decisión directa o indirecta de modificar o tan siquiera acceder a las instalaciones.
La tesitura es compleja para éste, que se presenta expectante y observador de todo lo que ocurre. Repescar el estadio, objetivo y promesa electoral de entonces, sigue encontrando los mismos ingredientes desde que la coyuntura comenzase años atrás. Nada ha cambiado.
Todo sigue igual. Las decisiones y determinaciones deben pasar inexorablemente por actuaciones salidas desde sede judicial.
Que a fin de cuentas son las que resolverán la tesitura finalmente. Eso ahonda en la falta de respuesta demandada en diversas ocasiones por parte del propio Ayuntamiento en pos de contactar y pretender hacer cambiar el rumbo en las que nunca obtuvo contestación.
La ausencia de ésta, no siempre entendida ni por este Gobierno ni por el anterior, alude a la obligación de hacerlo, y es que como administración concursal, su única interlocutora es y seguirá siendo la titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz.
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