Ha pasado un tanto desapercibido pero el acuerdo alcanzado por las distintas fuerzas políticas, solo con la abstención de IU, en el Parlamento andaluz sobre la reclamación de un nuevo sistema de financiación autonómica tiene su valor, sobre todo, si se tiene en cuenta la trascendencia del asunto del que se trata: crear un nuevo modelo que acabe con la insuficiencia de recursos que supone el modelo actual que, como ha quedado demostrado, está siendo sumamente perjudicial para nuestra tierra. Se estima que Andalucía ha dejado de percibir más de cinco mil millones de euros, considerable cantidad de dinero que repercute en la prestación de los servicios básicos al ciudadano. Y más relevancia adquiere dicho entendimiento político cuando, hasta ahora, apenas existía consenso alguno no ya sobre la reivindicación de una propuesta alternativa sino, incluso, entorno a las causas de esa evidente carencia financiera.
Pero los hechos son tozudos y la realidad es que nadie puede negar que Andalucía no recibe lo que le corresponde mientras otros territorios cuentan con una sobredotación de fondos. Así que el actual modelo está agotado y, para colmo, se ha aplicado erróneamente generándose discriminación para algunos como es el caso andaluz. Ha llegado la hora de plantear soluciones y si es con un amplio consenso político y social ,mejor. El gobierno de Rajoy está urgido a sacar unos nuevos presupuestos para 2018 para lo que debe contar con el apoyo del PNV que pone como condición la resolución del cupo vasco en forma de un cheque con un buen puñado de millones de euros. Pues bien, no se entendería una medida en tal sentido si antes no se han corregido las deficiencias que en materia de financiación se dan en el resto del país. Con todo, hay señales que apuntan a que la salida a este embrollo es factible. Ya lavicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría reconoce que Andalucía es una de las más afectadas por este problema y apunta a la necesidad de que el PSOE, también,de un paso adelantepara fijar un marco diferente. A todo esto, el contencioso catalán, más que un problema, puede actuar como acicate para resolver las dudas y reticencias estableciéndose un sistema más equilibrado y justo para todos. Ese es el espíritu que se trasluce del acuerdo parlamentario surgido en Andalucía. No malogremos esta excelente oportunidad para un diálogo y una negociación de Estado que preserve los intereses de todos los españoles, vivan donde vivan.
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