El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que la Intervención nunca se refirió a él "con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad" en el sistema con el que la Junta repartía las ayudas sociolaborales investigadas.
Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, en ser interrogado y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha decidido responder las preguntas de la Fiscalía.
Durante su declaración ha señalado que desde el Consejo de Gobierno -que en su etapa de consejero de 2000 a 2004 presidía Manuel Chaves- existía una directriz general para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores.
A raíz de los reparos de la intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, ordenó a su equipo buscar una fórmula "dentro de la legalidad" que permitiera dar ayudas con "agilidad y eficacia" y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían dar siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.
Para articular esas ayudas individuales se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA en 2001, convenio que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y "cumplía todos los requisitos legales", por lo que a preguntas del fiscal ha admitido que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico de la Junta para validarlo.
Ha dicho desconocer que con ese informe cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y que con ello las ayudas no eran fiscalizadas por la Intervención de la Consejería de Hacienda pero ha asegurado que los fondos del IFA "tenían una fiscalización continua, no una sino dos".
También ha asegurado que no recuerda que su viceconsejero Antonio Fernández le planteara problemas de tesorería del IFA para afrontar pagos de ayudas comprometidas que supusieran una "situación de alarma".
Ha dicho que no despachaba con Javier Guerreo cada ayuda que se concedía pero si ha admitido haberle trasladado situaciones concretas como la petición de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla ante su proyecto de crear un Matadero y haberle indicado que "se ocuparan de esa petición a ver si dentro de las posibilidades de la Consejería se pudiera abordar".
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