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Chiclana | Economía

600 familias chiclaneras pueden solicitar la Renta de Inserción Social

600 familias chiclaneras pueden solicitar la Renta de Inserción Social
Verdier anunciando dicha medida aprobada por la Junta. · A.I.

A.I.
11/01/2018 14:39 · Actualizado el 11/01/2018 14:40

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, ha comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria de Mujer e Igualdad, Virginia Forero, y al secretario de Sostenibilidad, Francisco Pérez, para valorar de forma positiva la Renta Mínima de Inserción Social aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y que beneficiará a unas 600 familias chiclaneras de las más de 45.000 unidades familiares de la comunidad autónoma, lo que supone en nuestra ciudad unas 1.700 personas. En este sentido, Cándida Verdier ha resaltado la “apuesta del Gobierno de Susana Díaz por atender a las familias con escasos recursos económicos y en riesgo de exclusión social, con el objetivo de que puedan llevan una vida lo más digna posible”.

“La aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social refleja la preocupación del Gobierno andaluz por las familias que peor lo están pasando, tal y como también se puede comprobar en el Estatuto de Autonomía y la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha recordado la crisis financiera que comenzó en 2008 y que provocó que, en el caso de Chiclana, se incrementara considerablemente el número de parados, alcanzando más de 15.000 en marzo de 2014. “Actualmente, hay unos 11.000 parados y, por tanto, ha bajado sensiblemente la cifra de desempleados. Sin embargo, la recuperación económica no está siendo igual para todas las personas, puesto que la crisis ha propiciado que los pobres sean más pobres, incrementando la brecha social”, ha explicado la responsable socialista.

Asimismo, Verdier ha recalcado que “no solo se ha aprobado esta Renta Mínima de Inserción Social y ha entrado en vigor, sino que se ha dotado económicamente con 198 millones para el presente año para que sea una realidad económica”. “Así, cualquier municipio de Andalucía puede acogerse a esta ayuda, que es una prestación económica orientada a erradicar la marginación y exclusión social”, ha aclarado la secretaria general del PSOE-Chiclana, quien ha añadido que “estamos de enhorabuena, porque la Junta de Andalucía ha demostrado la sensibilidad que otras comunidades autónomas y otros partidos políticos no tiene”.

“Como no se trata de dar limosna, sino de ayudar a esas personas que lo están pasando mal, paralelamente a la solicitud de esta Renta Mínima de Inserción Social hay un Plan de Inclusión Sociolaboral,  teniendo estas personas un plan de seguimiento por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, con el objetivo de ayudarles a salir de esta situación de precariedad”, ha destacado Cándida Verdier, quien ha añadido que “los socialistas de Chiclana nos sentimos orgullosos de que la Junta de Andalucía y, por tanto, el PSOE, haya puesto en valor este dinero de todos los andaluces para ayudar a las personas que peor lo están pasando”.

Hay que destacar que recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 19 de diciembre el Decreto ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. Así, de acuerdo con las previsiones de la Junta, esta prestación beneficiará cada año a más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS). Su implantación desde el pasado 1 de enero cuenta con una dotación de 198 millones de euros para el presente año, del total de 819 millones previstos para el periodo 2018-2021.

La Renta Mínima de Inserción Social, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se incorpora como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por doce meses, prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias, frente a los seis del actual IMS. Así, los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran las circunstancias excepcionales que motivaron la concesión.

El nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad. Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Además, podrán beneficiarse las personas de entre 18 y 24 años si tienen menores o personas con discapacidad a su cargo; las de menos de 17 años que tengan menores con discapacidad a su cargo o que hayan sido víctimas de violencia de género; las huérfanas de ambos progenitores; las víctimas de violencia de género; las que han estado tuteladas por la Junta hasta la mayoría de edad; las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento; las que se encuentran en situación de emergencia social; las mayores de 65 años con menores a cargo; y las que constituyen una unidad familiar pluripersonal sin menores a cargo en caso de haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud.

El requisito de tiempo mínimo de residencia no se exigirá a las víctimas de violencia de género y de trata de personas ni a los emigrantes andaluces retornados en el año anterior a la presentación de la solicitud. Tampoco se exigirá a las personas apátridas o refugiadas, las sin hogar, las ex tuteladas por la Junta en el año anterior; las que residan temporalmente en alojamientos alternativos, o las que se encuentren en situación de fuerza mayor acreditada por los servicios sociales.

 

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