El Partido Popular de Chiclana celebró la tarde del jueves una asamblea ciudadana donde abordó el proceso de regularización de viviendas en Chiclana.
El encargado de explicar los pormenores del proceso, que afecta a unas 13.000 viviendas del término municipal, fue el presidente de la formación popular, Andrés Núñez, quien intentó explicar y solventar las dudas a la multitud de personas que participó en un acto celebrado en la Rana Verde y abierto al público en general.
Núñez defendió que “la regularización debe hacerse, porque detrás de los planos hay personas, más de 13.000 familias, que están cansadas de las mentiras y falsas promesas de las que han sido víctimas por parte del alcalde, José María Román, y de su equipo de gobierno de PSOE y Ganemos”. Así, mantiene, en referencia al PSOE, que “quien engaña a la ciudad no puede llevar adelante el proceso”.
En este sentido, el líder del PP de Chiclana considera que “lo que hay que hacer es hablar claro a la gente, para no crear falsas expectativas. La gente necesita que se le diga la verdad”.
Igualmente, manifiesta que "dependiendo de las zonas, los costes de la regularización de las viviendas existentes difieren algo, pero en general con cantidades que en suma distan notablemente de los 9.500 euros que anunció el gobierno municipal de PSOE y Ganemos”.
Los costes previstos por los diferentes conceptos recogen tanto “la urbanización primaria, secundaria, sistemas generales y el 10 por ciento de aprovechamiento, además de los excesos que cada vecino, en su caso, tenga que abonar”.
Andrés Núñez destacó especialmente el artículo 23 de la ordenanza, “que obliga a abonar todos estos costes en el plazo improrrogable de siete años, dato que está siendo maliciosamente ocultado por el Gobierno municipal”, algo que supone, según Núñez, “una auténtica desvergüenza y falta de respeto hacia los vecinos por parte del PSOE principalmente”.
Desde el Partido Popular se apuesta por trabajar para “permitir una regularización individualizada, ya que el PSOE sólo ha previsto una regularización en conjunto, ya sea a iniciativa de los vecinos o a iniciativa del Ayuntamiento. Nuestra propuesta facilitaría la creación de empleo a corto plazo, así como ayudaría a aquellos propietarios que pudieran tener un expediente sancionador terminar con el mismo, es decir, cambiar sanción por regularización”.
En cuanto a los costes de regularización, los populares plantean dos medidas que consideran “absolutamente necesarias”. La primera de ellas es “modificar la ordenanza de recaudación y ampliar el plazo de siete años establecido en la ordenanza”. Además, la formación popular propone “la intervención de la Junta de Andalucía, con el establecimiento de contribuciones especiales que permitan a los propietarios abonar la regularización en un plazo muy elevado, pagando pequeñas cantidades que podrían rondar los 50 euros al mes, circunstancia que haría viable el proceso”.
Por otra parte, desde el Partido Popular también recordaron “la existencia de un convenio para inversiones en sistemas generales que quedó en el olvido tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística de 2007, cuya activación supondría la inyección de 43 millones de euros para el proceso”.
El PP subrayó que “este proceso tiene una traba, las dudas de legalidad del PGOU, sobre el que ya hay presentado y admitido a trámite un recurso interesando su nulidad. Es más, la aprobación del PGOU es tan limitada, que a duras penas llega al 33 por ciento del mismo y en concreto las áreas de regularización están suspendidas”.
En esta línea, manifestaron que “el PSOE durante su periodo en la oposición se dedicó a torpedear el urbanismo local, posicionándose en contra de las normas sustantivas y luego del propio PGOU; y engañó a la gente en torno a la regularización y a los suelos inundables.”
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