Tras el órdago a la grande de Pedro Sánchez amenazando con el intento de otro acuerdo infumable, o con consulta a la militancia y/o congreso exprés tras el comité federal del 1 de octubre para perpetuarse como secretario general parece inagotable la capacidad que muestra para pensar en sí mismo y, con ello, de llevarnos a todos al caos; mejor apartarse y desbrozar otro matojo. Cogiendo de aquí y de allá, juntando para un collage, de ahora y de antes, enumerando sin orden, sencillamente resumiendo piezas como quien transcribe para entender sin concluir.
Uno. La Fiscalía Anticorrupción ha determinado en su escrito de acusación que aunque había ayudas de los programas 31L, conocido como fondos de reptiles, a las que los trabajadores "tendrían derecho", el procedimiento de concesión de estas subvenciones fue "ilegal" y, por tanto, la totalidad de las ayudas son "ilegales"; por ello, solicita que los 18 encausados a los que atribuye un delito de malversación devuelvan a la Hacienda Pública 741.596.545 euros -solo Griñán 483.937.659-. Tras diez años de instrucción, el auto reprocha a los ex presidentes que participaron del "plan" para eludir los controles de la intervención, que Chaves "impulsó" y Griñán "mantuvo".
Dos. En la década de 2000 a 2010 se ideó un sistema mediante el programa 31L aplicando presupuesto y crédito a favor del IFA en materia de relaciones laborales -concepto 440-. Dinero gestionado mediante transferencias, se concedían ayudas sin convocatoria, sin conocimiento público, sin expedientes, sin examen previo, sin acreditar la situación que diera derecho a percibir dicha ayuda por parte de las empresas, sin publicidad y sin justificación, poniendo en manos de la Consejería de Empleo unos fondos para gestionar "a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". Solo había que conocer a la persona adecuada. No todos tuvieron acceso a estas ayudas y esa fue la trama corrupta. Repartir dinero a dedo.
Tres. Hubo lucro personal de personas y de empresas. Por ejemplo, la Consejería de Empleo financió a González Byass con 17,45 millones un ERE al que Antonio Fernández, ex consejero imputado, se adhirió como empleado en excedencia. Figura como fecha de incorporación a la bodega la de su nacimiento y, por ello, se le asignó la cantidad de 386.181,37 a cobrar entre 2012 y 2021, más 34.244,01 como indemnización por despido. Otra: el ex alcalde de Torrecera, Agustín Moreno, intruso en el ERE de la minería de Tharsis, ingresó en dos pagos 30.000 euros en la cuenta de Antonio Fernández. Aseguró haber "olvidado" este hecho cuando el juez le llamó a declarar... Aunque las más sonadas fueran las golferías de Javier Guerrero, cuyo chófer aseguraba que gastaban hasta 25.000 euros al mes en cocaína; dinero en metálico, cuadros, antigüedades, ropa cara, móviles... Juan Lanzas, conocido como el conseguidor por su habilidad para lograr prejubilaciones fraudulentas, ex sindicalista de UGT, confesó a un vecino: "Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él...".
Cuatro. Casi nadie duda de la honestidad personal de Chaves y Griñán, de hecho inasumible para quienes les conocen sería descubrir que se llevaron un solo euro de manera ilegítima. Desgarradora es la carta que esta semana ha colgado en su muro de Facebook Manuel Griñán, hijo del ex presidente, donde relata detalles de su vida familiar y resalta la "honestidad" de su padre, su austeridad: cuatro coches en cuarenta años, el último un Nissan Primera. "No se ha apropiado de un solo céntimo de los EREs", afirma tajante. Y nadie que le conociera lo duda. La pieza separada del Caso Tudela investiga a Rita Barberá por supuestos ingresos anónimos detectados desde su grupo municipal entre 2002 y 2011 por importe de 317.050 euros, además de las donaciones de mil euros que hicieron 47 concejales y asesores y a los que, presuntamente, les devolvió el PP valenciano con dos billetes de 500 euros para blanquear dinero obtenido de manera ilícita -cutre no, lo otro...-. Ninguna acusación señala que la ex alcaldesa de Valencia se enriqueciera personalmente, lo cual tampoco a ella la exime de la posible culpa.
Cinco. Este lunes se desplegaba una operación en Jaén, bautizada como paraíso, para detener, entre otros, al delegado provincial de empleo de la Junta por otorgar una campaña de 60.000 euros cuando era jefe de gabinete de la Diputación por, presuntamente, violar la Ley de Contratos del Sector Público. La Policía Nacional filtró de manera interesada la nota a diversos medios locales, con nombres y apellidos en la idea de ponerle el ventilador para convertirla en noticia nacional en poco tiempo, cosa que logró y a estas alturas es perfectamente reconocible cuando un asunto es dirigido para desviar, contrarrestar, montar un pequeño show mediático con el que nivelar situaciones -empieza a estar aburridamente visto...-. PSOE y PP retroalimentan su odio, sus casos. Pero hablando de Jaén, también era delegada de Empleo allí Irene Sabalete, grabada en una conversación con los directores de las Utdlt en la campaña autonómica de 2012, que fue en la que partía favorito Arenas pero terminó presidente Griñán, en la que les garantizaba continuidad laboral "siempre que ganemos las elecciones, si no, no vais a seguir trabajando en la Junta. Os quiero a todos haciendo campaña por el PSOE. Visitando a todas las empresas a las que les hemos dado ayudas...", decía divertida la tal Sabalete, que más tarde sería una de las dieciséis detenidas por la UCO ante el fraude de los cursos de formación. Ayudas...
Seis. Pedro Pacheco fue condenado a cinco años y seis meses de prisión y seis de inhabilitación por prevaricación y malversación de caudales en sentencia del TS por la contratación de dos asesores prescindiendo del procedimiento legalmente establecido -el importe calculado en este fraude fue de 208.833 euros-. El próximo 23 de octubre hará dos años que entró en Puerto 3. Pilar Sánchez fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación por prevaricación, falsedad y malversación en sentencia del TS por otorgamiento de mayor subvención a la que correspondía a una empresa para su establecimiento en el PTA y por importe de 244.720 euros. Lleva ocho meses en la prisión de Alcalá de Guadaira. Eva Corrales ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión y está a punto de ingresar tras sentencia del TS, ella y otros siete condenados, por simular la adjudicación de un contrato público a un funcionario en el denominado caso horas extras. El delito: abonar al funcionario Manuel García 42.363 euros entre enero de 2007 y agosto de 2010 en su nómina municipal en horas extras por hacer las bandas y adornos para las ninfas del carnaval de Rota. La Fiscalía, por su parte, reclama seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves por malversación y prevaricación, además de entre seis y ocho años de cárcel para Viera, Fernández, Vallejo y Aguayo por un fraude continuado que cifra en 741,5 millones de euros.
Siete. Fundado en 1977, el PSOE de Andalucía ha gobernado la región desde 1978. En breve hará cuarenta años, ganando todas las elecciones autonómicas desde la constitución de la autonomía andaluza excepto las de marzo de 2012 -pactó gobierno con IU-. Lo ha hecho sencillamente porque la gente lo ha votado, bien por ideología, bien por interés -¿quién vota por alguna otra razón?-; algunos dirán que ha logrado mantenerse en el poder usando métodos fraudulentos como el que denuncia el fraude de los EREs, otros porque la estructura política orgánica de este partido en Andalucía es, con diferencia, la más sólida y son muchos los concejales, alcaldes, militantes, honestos, que trabajan en base a un ideal político y se lo ganan sobre el terreno, puerta a puerta, otros por la mezcla de ambas cosas y por el hecho de que el PSOE-A le tiene cogida la medida perfecta al andaluz, que se la tiene. Le conoce, sabe hablarle, domina sobre todo el territorio rural donde ha sembrado con generosidad durante décadas y, fruto de ello, gobierna la presente para cumplir pronto nada menos que cuarenta -gran tarta con velas en el blanco patio de San Telmo, como poco, la efemérides merece-.
Ocho. En julio de 2009 Chaves anunció su dimisión como presidente de la Junta en una decisión sorprendente para todos, como lo fue la marcha de Griñán del mismo cargo en julio del 2013. Ambos se marcharon porque entonces intuían que un día la Fiscalía les pediría lo que hoy les pide, inhabilitación y/o cárcel y lo sabían, probablemente, porque cuando miraron a fondo dentro vieron que aquello tenía mal arreglo. Entonces el PSOE-A, cual salamandra que sacude órganos infectos para que sus células propicien nuevas y vigorosas extremidades, se regeneró. Las relaciones de Chaves y Griñán con Susana Díaz no son las mejores, cordial empatía orgánica y poco más. Apoyo público cuando oportuno es, pero ninguna foto juntos; de hecho, no asisten al 28-F como sí lo hacen otros presidentes. Entre ellos dos, lo mismo, la vieja amistad de cine en pareja los jueves noche, algunos viajes juntos a París de entonces, todo se truncó tras el relevo de uno por el otro. Suele pasar. Quizás ahora se miren con la complicidad temerosa de quienes comparten asiento en un tren con destino incierto.
El dedo. Es justo reconocer, concluyo, que el presunto fraude de los EREs se urdió con la complicidad de muchos, tramado por integrantes del gobierno andaluz y tal vez sin darle mayor importancia porque entonces pensaban con naturalidad que todo lo que había hasta la línea del horizonte era suyo. Muchas mayorías absolutas seguidas tienen estas cosas, aquí y en Valencia. Pero la oposición en el Parlamento no fiscalizó, votó sí a mucho de todo esto, otros partidos gobernaron con el PSOE-A, el PP fue condescendiente y blando, participó del juego, por no hablar de muchas empresas, personas que se beneficiaron y sindicatos cómplices, que con esto y otras cosas cavaron el hoyo donde hoy habitan. Cómo no, los medios de comunicación, financiados con ayudas para sus EREs en algunos casos muy sonados y regados, en conjunto, más o menos en función de afinidad o rango, a dedo, con ese mismo dedo oculto llamado sistema y reflejo de una época hoy muerta. O casi.
Bomarzo
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