“El guerrero es transparente en sus acciones y secreto en sus planes”. Paulo Coelho.
No hay entrevista, debate o foro informativo de esos que ahora están de moda, donde a cambio de un café, comida en el mejor de los casos, te meten un mitin sin vaselina, en el que en algún momento el sujeto central del evento, político, no hable de transparencia y de lo nítida que se ha vuelto la gestión pública. De entrada, en ese punto, siempre medito sobre lo extraño que resulta resaltar lo evidente y lo tenebrosas que parecen las décadas de opacidad pública, fruto de las cuales los juzgados no dan abasto. Pero, como bueno es rectificar y quien suscribe a veces se enchufa a la nada por simple hobby, he buceado por los portales de transparencia de Estado y Junta en la idea de olfatear intimidades. Pero antes, destaco y evoco: La Ley estatal 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, en la que tengo el honor de contar con algunos aspectos incluidos tras escrito de sugerencias presentado y sobre el cual, insisto, no obtuve respuesta como si tan complicado fuese agradecer o dar reconocimiento, obligan a “la publicación de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada de la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública”; el detalle de la información mínima obligatoria a publicar se encuentra en los artículos 10 a 17 de la Ley autonómica y 6 a 8 de la estatal.
El Estado. Sorprende que la Ley del gobierno central no sea respetada en la mayoría de los supuestos, de hecho en el apartado referente a Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares nada ofrece. En los Anteproyectos de Ley, ni uno; en Los proyectos de reglamentos, nada de nada. Y lo mismo sucede con Las memorias e informes que conforman los expedientes de elaboración de los textos normativo y con los documentos que deben ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación. Ni uno. Sobre los contratos, curioso que de 2015 son muy pocos los publicados, los contratos menores no se encuentran, tampoco los datos estadísticos sobre el volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. No están. Respecto a los convenios suscritos, igual que con los contratos, por lo visto en 2015 no se aprobó ninguno... La información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, nada de nada. Idéntico paradero desconocido tienen las cuentas de la administración General de Estado y Los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, todo desaparecido en combate. De las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, por lo visto en 2015 han debido de trabajar gratis porque la información que se ofrece es la referente a 2013 y 2014. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los responsables políticos no excusan su ausencia. Por otra parte, ninguna información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Todo ello a pesar de la enorme publicidad que hizo el gobierno de su Ley y que, a día de hoy, ofrece un balance más que malo, nefasto.
La Junta. Tras la frustración con el Portal Fosco del Gobierno Central, no eran muchas las esperanzas ante la Junta de Andalucía, de ahí la sorpresa mayor ante la abundante información institucional y organizativa, de altos cargos, de planificación, información jurídica, sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana, sobre los contratos, incluidos los menores, subvenciones, convenios y también respecto a la información económica, financiera y presupuestaria. Alguien ha dirigido un meticuloso repaso de la Ley para que no falte ninguno de los apartados que ella obliga; es más, en algunos casos se supera lo exigido en el texto normativo, que, además, contiene una relación mucho más exhaustiva que la de la Ley estatal. Si nos interesa saber los datos de la organización autonómica, sus altos cargos y el personal, incluso de los representantes sindicales, los encontramos y de los referidos a 2015, no falta nada. Eso sí, la prueba del algodón para intentar averiguar si tras esta profusión informativa pueda ocultarse algunas información no la pasa del todo porque, por ejemplo, respecto a alguna que otra subvención no se encuentra la información, como tampoco de ciertas campañas de publicidad institucional imposibles de localizar –ejem-. Recodos opacos en el mundo transparente. No obstante, justo es reconocer que el nivel de información de este portal con respecto al del Estado no deja lugar a dudas y por ello Susana Díaz, hoy, se transparenta mucho mejor que Mariano, el lento, muy reticente a dejarse ver por dentro.
Otros datos. Tras no poca lectura, me llama la atención que Rajoy cobró en 2014 un sueldo de 78.185, pero su portal no detalla que, además, se embolsa 870,56 euros al mes de indemnización por asistencia al Congreso y nada dice sobre lo que nos cuestan los gastos de su residencia en la Moncloa, un todo incluido al estilo pulserita de crucero, datos que en la red sí se encuentran: las partidas de atenciones protocolarias ascienden a 350.000 euros, en gastos para reuniones se van a 355.360, para vestuario, a 59.400, combustible, 55.600, alimentación, 20.480…; en total el gasto anual de la Moncloa asciende a más de 35 millones de euros. La presidenta de la Junta percibe en 2015 un sueldo de 63.808, también disfruta de casa, servicio doméstico, teléfono, luz, agua, vestuario y gastos protocolarios. Todo ello sin contar con los sueldos vitalicios, que disfrutan tras su cese, que en el caso de los ex presidentes del gobierno están cifrados en 75.000 euros al año y que son compatibles con sus actividades profesionales. Sorprende que el resto de altos cargos de las dos administraciones disfrutan de una paga mensual, tras su cese y hasta que encuentran trabajo, que oscila entre los 4.000 a los 6.000 euros mensuales; que en la Junta hay más de 1.700 sindicalistas liberados, nada menos –mucha gente viviendo de los impuestos de todos, esos mismos con indecentes intereses de demora cuando se cobra por vía ejecutiva…-, que en 2014 el Estado pagó 55 millones en subvenciones electorales a los partidos políticos, de ellos 30 al PP y 19 al PSOE, o que es frecuente que los altos cargos del Ministerio de Justicia o del Poder Judicial, tras sus ceses, terminen trabajando en prestigiosos despachos de abogados, como el ex Fiscal General del Estado, Torres-Dulce, que sin transcurrir los dos años obligados de incompatibilidad pasó a trabajar en Garrigues, o el ex presidente autonómico de Madrid, Ruíz Gallardón, que al poco tiempo de su dimisión fichó por la consultora Thinking Heads. Hay más, pero no espacio.
Ahora quedan por sumarse los ayuntamientos, a los que para cumplir con el mandato de las dos leyes les restan 55 días, no más, y que deberán elegir entre los dos modelos vigentes: transparencia con profusión de información u opacidad con plan de marketing publicitario. En todo caso, la vida no será la misma, ideal sería que la Ley fuese cerrada, sin fisuras ni puertas traseras, que obligase a todos por igual y que el ciudadano se sintiese informado y parte activa para reclamar, denunciar, fiscalizar. Que los palacios donde hoy se ubican las instalaciones públicas fuesen de cristal sin zonas opacas, sin príncipes ni princesas, con sencillos servidores públicos temporales del todo transparentes, tanto en sus acciones como, sobre todo, en sus planes.
Bomarzo
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