Ni la resistencia de los cuatro concejales de Por Cádiz sí se puede que se atrincheraron en el portal, ni las gestiones del alcalde de Cádiz, José María González, han podido frenar el desahucio de Antonio Moreno, su mujer y su hija (una menor de 16 años) que desde 1987 vivían en un piso bajo de la calle Benjumeda.
González ha estado toda la mañana, y también los días previos al desahucio, intentando encontrar una solución. La primera alternativa pasaba porque la propietaria del inmueble aceptase que el Ayuntamiento pagase una mensualidad mientras se buscaba una alternativa habitacional a la familia. Así lo explicó el propio alcalde una vez ejecutado el desahucio por parte de la Policía Nacional. González añadió que "como suele ocurrir en estos casos ha sido un problema de voluntad porque el dueño no se ha atenido a razones".
El acalde estuvo con esta familia en todo momento y la acompañó al taxi que la llevaba a la pensión donde viviran por ahora.
A preguntas de los periodistas, José María González manifestó que no ha vivido lo sucedido como "una derrota", pero sí "con impotencia". En este sentido, recordó que Por Cádiz sí se puede lleva "una semana gobernando y esto es un problema que viene de años atrás, al que no se le ha puesto solución".
El lanzamiento estaba programado para las 10 horas de este lunes, aunque se dio una prórroga de unos 20 minutos para intentar que no se llevara a cabo. Unas 15 personas, entre ellos los concejales de PCSSP hicieron una cadena humana que finalmente fue disuelta por la Policía, bajo la atenta mirada de vecinos y ocupas de la Corrala de la Bahía que pedían clemencia a las fuerzas de seguridad hacia la famillia y las personas que estaban intentando frenar el desahucio.
El alcalde de la capital llegó al lugar sobre las 11.15 horas, e intentó mediar con los funcionarios judiciales para evitar el desalojo, argumentando que "hay que pensar en la gente".
Esta es la segunda ocasión que este inmueble es objeto de un lanzamiento, toda vez que hace un par de semanas logró paralizarse el primero. La pareja lleva viviendo en la casa más de 25 años, aunque hace uno se le acabó el alquiler de renta antigua, y la propiedad le subió de 170 a 420 euros, una cantidad que no podían afrontar con los 350 euros que perciben de pensión no contributiva.
Antonio Moreno tiene reconocida una minusvalía del 90 por ciento como consecuencia de una enfermedad.
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