El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Cádiz, Manuel Cárdenas, ha informado de que ocho ayuntamientos se han sumado a la Orden de la Junta de Andalucía que regula la línea de Ayudas al Alquiler para Personas Inquilinas en Situación de Especial Vulnerabilidad, impulsada en julio por la Consejería de Fomento y Vivienda y que cuenta con una dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros hasta final de año.
Los municipios que ya han firmado el correspondiente convenio, a través de sus respectivas empresas municipales de vivienda, son los de Cádiz, San Roque, Chiclana, Conil, San Fernando, Jerez, Rota y La Línea de la Concepción, según ha detallado en rueda de prensa Cárdenas, quien confía en que hasta el próximo 1 de octubre, fecha límite para presentar las solicitudes, más ayuntamientos gaditanos se sumen a esta nueva línea de ayudas.
Significa que esta ayuda se ofrece tratar de cumplir con los criterios establecidos por la ONU y los objetivos de la Consejería de Fomento y Vivienda para que familias con escasos recursos económicos no destinen más del 25 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler de sus viviendas. "Además, facilitamos a los ayuntamientos que sus viviendas sean habitadas en régimen de alquiler, en vez de permanecer cerradas y en venta", ha añadido.
Cárdenas también ha reclamado a la Diputación que solicite las ayudas para poder emplear todo su parque de vivienda en "garantizar el derecho a techo de las familias demandantes".
En este sentido, el delegado considera que se trata de "una oportunidad clara" que tiene la institución para poder "garantizar el derecho a la vivienda que tienen muchas familias de la provincia sin necesidad de grandes obras ni nuevas construcciones y así lograr que el parque público cumpla con la función social que le corresponde".
Los destinatarios de estas ayudas son personas con escasos recursos económicos que residan en alguna vivienda del parque público autonómico, municipal o provincial y que tengan dificultades para hacer frente al pago del alquiler.
Dichos adjudicatarios deberán reunir una serie de requisitos como recibir ingresos no superiores a 1,5 veces el Iprem (11.182 euros) y disponer de un informe de los servicios sociales competentes en el que se determine la situación de especial vulnerabilidad de la familias, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos y otras circunstancias especiales a tener en cuenta.
La ayuda para el pago de las rentas podrá alcanzar hasta el 75 por ciento del importe total, dependiendo de las circunstancias económicas del inquilino y del coste del alquiler de la vivienda.
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