Los hombres y las mujeres de bien no roban, defraudan, extorsionan, malversan, maltratan, matan, ni demás maldades. Nadie es perfecto, eso es evidente, y no un fallo, sino miles y quizás millones de ellos se cometen a lo largo de la vida, pero hay un trecho demasiado largo entre una equivocación ocasional y que delinquir sea 'modus vivendi'. Por eso, como seres humanos honrados haberlos haylos pero no son precisamente mayoría, se inventó la Justicia, que como concepto abstracto está muy bien pero que debe ser adaptada por los propios seres humanos para regir su comportamiento. Esto es harto difícil y el Derecho lleva evolucionando y actualizándose desde siempre. A la Justicia no se le pide sólo que condene una vez producido el daño, sino, sobre todo, se le exige que el efecto disuasorio de la pena, el consabido ‘el peso de la Ley’, sirva de sustituto de la moral para quienes carezcan de la virtud necesaria. Así, quien no tenga principios al menos temerá al castigo y ese, y no la buena conciencia, le impedirá transgredir las normas.
Ocurre que en España la Ley no tiene mucho peso. Mejor dicho, no está bien repartido, existe una evidente oscilación. Así, más que hacerla progresar, en nuestro país han tenido que ir poniendo parches a una Justicia que se ha pasado de garantista y en demasiadas ocasiones se preocupa más de proteger los derechos del delincuente que los de la víctima. Por este motivo nació la conocida como doctrina Parot, un remiendo que el Supremo hizo en 2006 porque pese a haber sido sentenciado a casi cinco milenios de cárcel, el asesino terrorista de ETA Henri Parot, acusado de matar a 82 personas, cumpliría como mucho 30 años de pena, el máximo con el antiguo Código Penal, el de 1973, aunque en realidad se iría a la calle mucho antes gracias a que este carnicero podía aprovecharse de varios beneficios penitenciarios para reducirla sensiblemente. Para que esto no ocurriera, el Supremo dictaminó que los beneficios no se aplicarían sobre el total global efectivo (los 30 años del antiguo Código Penal), sino sobre cada uno de los delitos de forma independiente, diluyéndo, en la práctica, los descuentos. De esta forma Parot tendría que cumplir el tope de la condena. De no ser por esta medida, gentuza deleznable como esta saldría a la calle tras haber pasado en la trena entre 16 y 18 años.
Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló contra España por aplicar la doctrina Parot a otra sangrienta etarra, Inés del Río, condenada a 3.000 años por 23 asesinatos y 57 intentos de asesinato y que iba a salir a la calle tras sólo 16. Estrasburgo estudiará el recurso y en los próximos meses puede derogar por completo dicha chapuza, obligando a excarcelar (e indemnizar económicamente) a un montón de indeseables que deberían pudrirse en la cárcel. La lista es como para echarse a temblar. Más de medio centenar de asesinos de ETA y un montón de criminales comunes como El violador del ascensor (18 violaciones y dos asesinatos) o Miguel Ricart, condenado por el triple crimen del Alcasser, estarían en la calle ya de no ser por la doctrina Parot. Ricart fue condenado a 140 años de cárcel en 1997. Tras las rebajas de condena debería haber salido el 22 de mayo de 2011. Ahora no lo hará hasta en enero de 2023. Y cuando digo chapuza es porque se ha tenido que improvisar una medida ad hoc por culpa de una Justicia que increíblemente cree en la reinserción de un bicho como Joaquín Villalón Díez, que estranguló a su amante cuando se enteró que la había dejado embarazada y luego descuartizó su cadáver, abandonándolo en un monte donde fue descubierto por unos niños. Esto ocurrió en 1981. En 1992, mientras ya disfrutaba del régimen abierto, mató a dos transexuales en dos semanas. Pues bien, sin la doctrina Parot también estaría en la calle, reintegrado en la sociedad, según el antiguo Código Penal.
Pero es que el nuevo tampoco es mucho más duro. Sí, el máximo es ahora de 40 años, pero también protege en muchos casos a los delincuentes, sobre todo a asesinos y a ladrones de guante blanco, más que a las víctimas. ¿Cómo se explica si no, que Isabel Pantoja no vaya a pisar la cárcel pese a estar condenada por lavar dinero negro procedente del infame Julián Muñoz? No sólo eso, sino que le impone una multa que pagará en cuanto pise dos platós o venda alguna finca. A Isabel Pantoja le ha salido rentable delinquir.
Eso sí, que no se le ocurra a nadie comprar comida y pañales con una tarjeta de crédito encontrada en la calle porque irá a prisión a no ser que la calle presione y el Gobierno dé el indulto. Lo de la tarjeta de crédito también es delito, pero la pena es desproporcionada comparada con la de la tonadillera. Y así llegamos al caso de Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, cuyo juicio por enchufar a dos compañeros en sociedades municipales se celebró la semana pasada. La acusación pedía 18 años y el último día lo rebajó a seis porque “no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otro”. Pues nada, esa es la medida. En vez de endurecer las penas considerablemente por homicidios y asesinatos, se rebaja la del presunto malversador.
Y así se explica cómo entre unos y otros están saqueando España. Porque sale muy rentable robar millones. Comparamos a ladrones con asesinos y ya está. “Pobrecito defradudador, si no ha matado a nadie”. Para ellos esto es Jauja. Para los ciudadanos honrados, por contra, es una cárcel donde están obligados a pagar con trabajos forzados el dinero que otros les están robando. Esto sí que es Marca España. Chorizos con marchamo.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
