Llega un nuevo 3 de marzo, el aniversario de la gran movilización que reclamó una universidad para Huelva, donde la sociedad onubense dejó claro que quería recursos propios y cercanos para que estudiaran los universitarios. Y lo hace envuelto en luces y sombras. Entre estas últimas, llama la atención, según ha denunciado este lunes el colectivo de trabajadores Capítulo 6, el hecho de que la Universidad de Huelva, que anda atravesando problemas serios presupuestarios, se permita pagar 1,3 millones al año para el abono de los salarios de los 30 trabajadores que tras su despido emprendieron procesos judiciales y que por sentencia judicial han de ser readmitidos por la institución académica. Si esto no fuera suficiente, hablamos además de que se ha despedido a un capital humano con larga experiencia, algo de los que pocos se pueden permitir prescindir con frivolidad, y menos aún, una institución pública que, en gran medida, se financia con los impuestos de todos los ciudadanos. Todo esto se apostilla con una convocatoria de plazas escalonada que en cuanto a las retribuciones que ofrece para los profesionales que pretende contratar, deja mucho que desear, pues se antojan cantidades salariales muy bajas para los puestos que se pretenden cubrir. No casa el camino emprendido por la Universidad, que parece retrasar lo inevitable a través de recursos judiciales, con la austeridad que para otras cuestiones predica.
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